El manual de los líderes autoritarios en ciernes está ya consolidado. En la parte alta de su lista de prioridades se encuentra machacar a la prensa. Pero sus prácticas represivas van mucho más allá: buscan abolir la libertad de expresión
A lo largo de mis años de carrera periodística, que roza ya el medio siglo, solo he conocido una prensa libre e independiente en Estados Unidos. Arranqué mi andadura en los setenta, en una época en que los estadounidenses podían ver con claridad cómo la prensa obraba al servicio de la democracia.
Como muestra, con la publicación de los ‘Papeles del Pentágono’, primero por ‘The New York Times’, los estadounidenses pudieron tomar conocimiento de los fracasos encubiertos por su Gobierno durante la larga y cruenta guerra de Vietnam. Después vino el Watergate, investigación encabezada por ‘The Washington Post’, que permitió saber cómo su presidente había empleado el Gobierno como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos, abusando de sus poderes y saboteando la Constitución.
En las décadas que siguieron di por sentado que mi país tendría siempre una prensa libre y que la Primera Enmienda de nuestra Constitución sería su garante. Hoy, no puedo dar ninguna de las dos cosas por sentado. Como tampoco puedo asegurar que el orden constitucional vaya a mantenerse en EE.UU. O que el estado de Derecho prevalecerá. O que la libertad de expresión de los estadounidenses sobrevivirá.
Tenemos un presidente que ha despreciado las limitaciones asociadas al cargo. Al que una mayoría en el Congreso le rinde pleitesía y al que una mayoría en el Tribunal Supremo le ha entregado una autoridad y una inmunidad extraordinarias. Un presidente que ha decidido atacar los pilares institucionales de la democracia, siendo la prensa un blanco prioritario.
Y quizás más preocupante aún es el hecho de que vivamos hoy en un tiempo en el que las personas son incapaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso o bien no están dispuestas a hacerlo. Es natural –y, en democracia, esperado– que discrepemos en torno a cuáles son las mejores políticas. Sin embargo, hoy no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo sobre cómo esclarecer un hecho. Todos los elementos en los que nos hemos apoyado históricamente para determinar los hechos –formación, conocimiento experto, experiencia y evidencias– han sido denigrados, desdeñados o negados. Nunca ha existido una democracia en ausencia de medios libres e independientes.
Los derechos que la prensa se afana en salvaguardar no difieren de los derechos que las personas desean para sí mismas
El manual de los líderes autoritarios en ciernes está ya consolidado. En la parte alta de su lista de prioridades se encuentra machacar a la prensa, una institución que puede arrojar luz sobre las actuaciones de los líderes políticos y exigirles responsabilidades. Pero sus prácticas represivas van mucho más allá del ámbito de la prensa: buscan abolir la libertad de expresión; el derecho de los artistas a expresarse como deseen; el derecho del público a escuchar, ver y leer lo que considera que ha de escuchar, ver y leer; el derecho de los empresarios, académicos, activistas y líderes a abogar por políticas en las que creen; o el derecho de todos a hablar libremente con nuestros familiares, amigos, vecinos y colegas sin temor a ser vigilados o recriminados. Los derechos que la prensa se afana en salvaguardar no difieren de los derechos que las personas desean para sí mismas.
Hay mucho más en riesgo que la mera libertad para expresar opiniones. Lo que los autócratas tienen en el punto de mira es la verdad en sí misma. Tratan de extinguir a todos los árbitros independientes de los hechos, ya sean jueces, académicos, científicos o periodistas. En naciones que se escoran hacia el autoritarismo, los jefes de Estado reivindican ser los dueños únicos de la verdad. Y amañan, suprimen y borran datos para propagar sus mentiras.
Esto es lo que está ocurriendo hoy en EE.UU. Los hechos están siendo atacados y el Gobierno exige que sus ficciones sean propagadas sin cuestionamiento alguno. Durante décadas, hemos sido un bastión de la libre expresión, con las salvaguardas constitucionales aparentemente garantizadas. Hoy ya no es así. Fuimos un modelo para ciudadanos de otras naciones que soñaban con una libertad semejante. Fuimos un paladín de estas libertades más allá de nuestras fronteras. Activistas de los derechos civiles, defensores de la democracia y periodistas independientes de todo el mundo contaban con frecuencia con nuestro apoyo cuando se enfrentaban a prácticas represivas. Ya no pueden hacerlo.
En su célebre discurso de 1941 sobre las cuatro libertades humanas fundamentales, el presidente Franklin D. Roosevelt citó en primer término la «libertad de palabra y de expresión». Y añadió deliberadamente el apunte «en cualquier lugar del mundo». En la actualidad, con un autócrata en ciernes como presidente, EE.UU. ha dejado de encarnar las libertades que Roosevelt creyó indispensables para un mundo mejor. Los medios independientes ya estaban en peligro a nivel mundial, víctimas de una confianza mermada en la democracia y del auge de una nueva generación de autócratas. Nuestro presidente ha colocado a la prensa en todo el mundo (y a la libertad de expresión) ante un peligro aún mayor.
No somos meros transcriptores. Ni debemos serlo. Debemos mirar detrás de la cortina y debajo de la alfombra para saber quién hizo qué
Lo que el presidente Trump y sus aliados desdeñan es el motivo mismo por el que los padres fundadores redactaron la Primera Enmienda de la Constitución. Al describir el papel de la prensa y de la libre expresión, Madison, su principal autor, habló del «derecho a examinar libremente las figuras y medidas públicas». Aplicado a la labor del periodista, significa que no somos meros transcriptores. Ni debemos serlo. Debemos mirar detrás de la cortina y debajo de la alfombra para saber quién hizo qué y por qué, quién se verá afectado por ello y quién influyó en estas decisiones y con qué finalidad.
El objetivo del periodismo es proporcionar al público la información que necesita y merece saber para que éste pueda gobernarse a sí mismo. Enmarcado en esta misión se halla ante un cometido importante: exigir responsabilidades a los individuos e instituciones en el poder. Quienes ostentan el poder tienen la capacidad de hacer un gran bien. Cuando lo hacen, corresponde a la prensa trasladarlo al ciudadano.
No obstante, ocurre también que pueden cometerse errores a una escala extraordinaria. A menudo, la culpa recae en quienes poseen un poder desproporcionado, además de los medios para encubrir sus fechorías. La conducta inmoral o ilegal puede pasar desapercibida durante años o décadas y el ciudadano medio puede sufrir un grave perjuicio. Las víctimas a menudo son ignoradas o silenciadas. El público se juega mucho en la lucha por la libre expresión y la prensa independiente. Las personas han de tener derecho a trasladar sus denuncias y los medios han de estar preparados para escuchar e investigar.
Cuando no hay periodistas que informan sobre la corrupción, inevitablemente ésta va en aumento y los ciudadanos acaban llevándose la peor parte. Cuando no existen medios independientes para aflorar estas cuestiones, quienes ostentan un poder desmedido aprovechan la ocasión para amasar más poder si cabe. Sus intereses se ven satisfechos, pero no así las necesidades de las personas.
A medida que el Gobierno de EE.UU. abandona la causa de la libertad en todo el mundo, mi esperanza es que ciudadanos de otros países se conviertan en un referente para los estadounidenses, que habían dado por sentadas sus libertades. Pueden mostrarnos ahora cómo luchar contra un gobierno represor. Y, en la lucha por salvaguardar los principios democráticos de la libre expresión y la prensa independiente, pueden sin duda servirnos de inspiración.
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Este artículo de opinión es parte de la campaña World News Day, una iniciativa global para mostrar el valor del periodismo
SOBRE EL AUTOR MARTIN BARON
Fue director de ‘The Washington Post’ de 2013 a 2021 y, antes, editor jefe de ‘The Boston Globe’ y el ‘Miami Herald’
