La realidad es dramática, se vive una emergencia humanitaria y requiere rectificaciones urgentes, presupuestos suficientes y medidas de corto, mediano y largo plazo
La Constitución impone una serie de obligaciones al Estado venezolano para la protección y garantía de disfrute de derechos a los pueblos indígenas. La realidad es que desde su vigencia la situación de abandono, riesgo y precariedad no ha mejorado. En algunos casos se agudizaron sus problemas.
Tal situación se desprende del reciente informe elaborado por tres organizaciones: wayamoutheri, Odevida y Provea titulado “Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo”.
El censo indígena de 2011 registró un total de 724.592 indígenas en el país, siendo para ese momento el 2,7 % de la población nacional; pero este dato no ha sido actualizado, ya que las cifras del censo general de población de 2023 y su componente indígena no han sido publicadas.
Una de las obligaciones que impone la Constitución al Estado venezolano es la demarcación de las tierras indígenas. Solo el 12% de las tierras indígenas han sido demarcadas. Entre 2005 y 2016, se entregaron 102 títulos de propiedad colectiva, cubriendo 3.2 millones de hectáreas, pero el proceso está paralizado desde 2016.
En contraste, sus territorios se encuentran ocupados/invadidos por diferentes actores de acuerdo a las regiones del país: mineros ilegales, grupos de delincuencia organizada, mafias comerciales y contrabandistas, disidencia de la guerrilla colombiana, terratenientes y colonos, proyectos del Estado vinculados con el extractivismo minero y forestal, entre otros.
Las omisiones de los órganos públicos competentes y de representantes de las fuerzas armadas nacionales en el control de la minería ilegal, ha propiciado su creciente expansión, el deterioro de la atención pública en salud por falta de inversión en áreas indígenas y la falta de control efectivo sobre la permanente entrada y presencia de grupos externos ilegales que realizan actividades ilícitas en territorios indígenas, así como los conflictos generados por su presencia, con saldo de varios defensores indígenas asesinados.
La morbilidad y mortalidad han aumentado exponencialmente por enfermedades como el paludismo y la tuberculosis. Tal es el caso del Alto Orinoco en el estado Amazonas, donde hay reportes de las propias comunidades que hacen referencia a numerosos casos de estas dos enfermedades, incluyendo índices de mortalidad bastante elevados. Según el estudio existe un aumento de malaria, tuberculosis y VIH por contaminación y falta de servicios médicos. En Delta Amacuro, niños han muerto por enfermedades vinculadas al agua contaminada principalmente por mercurio usado en la explotación minera.
Toda esta situación ha generado el desplazamiento interno y también transfronterizo de población indígena. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2024 documentó desplazamientos forzados de 6.000 indígenas a Colombia en los últimos cinco años.
La Constitución contiene ocho artículos expresamente dedicados a los derechos de los pueblos indígenas y algunas políticas que deben desarrollarse a su favor. Los efectos positivos son escasos. La realidad es dramática, se vive una emergencia humanitaria y requiere rectificaciones urgentes, presupuestos suficientes y medidas de corto, mediano y largo plazo.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
