Mientras la cúpula legislativa venezolana promete una nueva tanda de excarcelaciones masivas, la voz de la jueza que se convirtió en el símbolo de la persecución política en el país vuelve a retumbar para desnudar las costuras del sistema judicial.
A propósito del anuncio sobre la liberación de 300 presos políticos, María Lourdes Afiuni reaccionó en la red social X con una pregunta lapidaria: “¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?”. Más que ironía, el reclamo de quien fuera la presidenta del Tribunal 31 de Control de Caracas encierra la impotencia de un calvario que ya acumula 17 años.
El origen del ensañamiento: Una orden televisada
La pesadilla de Afiuni comenzó el 17 de diciembre de 2009. Siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la jueza otorgó una medida cautelar al banquero Eligio Cedeño, cuyo arresto violaba el debido proceso. La decisión desató la furia del entonces presidente Hugo Chávez, quien en cadena nacional de radio y televisión exigió la pena máxima de 30 años de prisión para la magistrada.
A partir de allí, el colapso de sus derechos fundamentales avanzó sin tregua:
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Prisión y aislamiento (2009-2011): Recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde sufrió torturas y abusos documentados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.
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Arresto domiciliario y cautelares (2011-2019): Un largo limbo procesal sin juicio definitivo.
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La condena por «corrupción espiritual» (2019): Una década después de su arresto, fue sentenciada a cinco años de prisión. El tribunal jamás pudo comprobar la recepción de sobornos, por lo que recurrió a una figura jurídica inexistente para justificar el castigo.
“Aunque la condenaron a cinco años, Afiuni en la práctica ha pagado una pena de 17 años. Tiene 11 años sin poder ver a su hija y sus nietos en Estados Unidos, y ni siquiera le permiten trabajar”, detalla una fuente cercana al caso.
La doctrina de la «muerte civil»
A pesar de haber extinguido la condena impuesta en el papel, el Tribunal Tercero de Ejecución de Caracas mantiene congelado su estatus. Actualmente, Afiuni sigue sujeta a la prohibición de salida del país, el veto para declarar a medios de comunicación o usar redes sociales, y la inhabilitación absoluta para ejercer su profesión.
Su hermano, Nelson Afiuni, denunció la prolongada agonía familiar: “Pasa y pasa el tiempo… la jueza Afiuni no merece esta precaria situación económica, de angustia, sin poder conocer a sus nietos, mucho tiempo sufriendo”. Recientemente, su defensa introdujo una solicitud para acogerse a la Ley de Amnistía aprobada en febrero, pero la petición permanece engavetada bajo el argumento de que el texto excluye delitos de corrupción.
El «Efecto Afiuni» y la destrucción de la autonomía judicial
Para activistas y expertos legales, el caso Afiuni marcó un punto de no retorno en la historia contemporánea de Venezuela: fracturó por completo la independencia del Poder Judicial. La Relatoría Especial de la ONU denunció en su momento que este ensañamiento funcionó como un mecanismo de extorsión psicológica para el resto de los magistrados del país, quienes desde entonces evitaron contradecir las directrices del Ejecutivo por temor a correr la misma suerte.
En momentos en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promueve una supuesta reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y el sistema penal, los defensores de derechos humanos exigen coherencia institucional. El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, fue contundente al respecto:
“Si de verdad quieren reformar la justicia, empiecen por liberar a María Lourdes Afiuni”.
Con información de INFOBAE
