En una jornada de alta presión diplomática, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) coincidieron este miércoles en una exigencia unánime: el desmantelamiento inmediato del aparato represivo en Venezuela como condición sine qua non para una transición democrática real.
Machado: «La represión es incompatible con la libertad»
A través de sus canales oficiales, Machado agradeció el respaldo del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y subrayó la urgencia de liberar a los más de 500 civiles y militares que permanecen tras las rejas.
“El desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia. Debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada venezolano secuestrado por razones políticas”, afirmó la dirigente.
La CIDH denuncia una «libertad vigilada»
Ante el Consejo Permanente de la OEA, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, presentó un balance crítico sobre la situación de los Derechos Humanos tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero:
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Disparidad de cifras: Mientras el Gobierno reporta 8.000 beneficiarios de la norma, las organizaciones civiles solo registran 186 personas con libertad plena.
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Restricciones judiciales: Otras 554 personas permanecen bajo medidas cautelares, una situación que Reneaum calificó como una “libertad vigilada” que impide el ejercicio pleno de los derechos civiles.
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Riesgos de la amnistía: La CIDH advirtió que ciertas disposiciones de la ley podrían ser utilizadas contra opositores para frenar futuros procesos de rendición de cuentas.
El llamado de la OEA
Por su parte, Albert Ramdin urgió a las autoridades venezolanas a ejecutar liberaciones incondicionales, argumentando que la persecución por opiniones políticas es el principal obstáculo para la estabilidad regional.
El Gobierno, por el contrario, mantiene su retórica de que en el país solo existen “políticos presos” por delitos comunes, una postura que choca frontalmente con los registros de la ONG Foro Penal, que contabiliza actualmente 454 prisioneros de conciencia.










