2026 parece confirmarse como un año vertiginoso. Algunos incluso consideran que la alineación planetaria de finales de febrero y comienzos de marzo puede influir en este ciclo de nuestra historia, lo cual —según ciertos estudiosos de la astronomía— no sería del todo descabellado. Sin embargo, para circunscribirnos al análisis, observemos tan sólo la dimensión macro desde la geopolítica, para luego aterrizar en lo micro, es decir, Venezuela.
Sabemos que las incursiones de Estados Unidos primero en Venezuela y luego en Irán, sin duda, tensionan principios básicos del derecho internacional y del orden basado en normas que emergieron hace casi un siglo. El tránsito hacia ese nuevo orden mundial se consolida; no constituye su punto de partida —como algunos enfoques centrados exclusivamente en la política estadounidense pretenden sugerir—. Este proceso comenzó hace tiempo, pues rara vez se produce de manera abrupta, y entre sus hitos más recientes pueden señalarse la pandemia del COVID-19 y la incursión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, hemos olvidado que llevamos varios años instalados en escenarios convulsos, atravesando transformaciones profundas que apenas alcanzamos a comprender: de la era posindustrial a la era tecnológica; de la globalización comercial a una fragmentación hiperconectada; de una estabilidad aparente a una inestabilidad manifiesta.
En este contexto intenta sobrevivir un referente: la ONU. Si bien es la expresión institucional de la voluntad de los Estados, la ONU también encarna el ideario de sus padres fundacionales: una organización cuyo mandato reflejara la determinación de los Estados de convivir en paz, conforme a normas acordadas colectivamente.
Por ello escuchamos a António Guterres recurrir al deber ser del derecho internacional, porque ese es precisamente el núcleo de su mandato. Incluso cuando sabe que sus palabras pueden interpretarse como la defensa de un Estado miembro cuyo gobierno incurre en prácticas autoritarias.
En la misma línea, el alto comisionado Volker Türk ha señalado que los derechos humanos no pueden supeditarse a las agendas de determinados líderes y que no es admisible actuar al margen de la legalidad internacional, como ocurre en Sudán, Gaza, Ucrania o Irán. Al mismo tiempo, ha subrayado el papel de su Oficina en la denuncia de violaciones, con independencia de quién las cometa, evitando respuestas selectivas que erosionan la credibilidad del sistema internacional. “Con demasiada frecuencia, condenar violaciones por parte de un actor se interpreta como alinearse con el enemigo. En realidad, es defender la universalidad y la búsqueda de justicia para todos”, afirmó recientemente en el marco del segmento de alto nivel del 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ante ministros de Relaciones Exteriores.
Asimismo, como parte de una estrategia renovada, Türk anunció iniciativas orientadas a fortalecer la labor de la Corte Penal Internacional y a promover la jurisdicción universal, con el fin de incrementar el costo de las violaciones graves del derecho internacional. De igual forma, planteó la creación de una Alianza Global por los Derechos Humanos, concebida como una coalición multisectorial —Estados, empresas, ciudades, filántropos, científicos, artistas, filósofos, jóvenes y sociedad civil— destinada a contrarrestar dinámicas de dominación vertical mediante redes de solidaridad desde la base.
Todas estas acciones resultan favorables para la causa democrática venezolana y refuerzan el trabajo que el sistema internacional ha venido desarrollando para propiciar el restablecimiento del Estado de derecho y la primacía de la legalidad sobre la arbitrariedad.
Precisamente en ese marco, un grupo de titulares de mandatos de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos —relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo designados por el Consejo— subrayó, en su declaración de acogida del proyecto de ley de amnistía, reconciliación y reunificación nacional venezolano, que su objetivo debe ser promover la paz, la convivencia democrática y la reconciliación mediante la concesión de una amnistía, y que la misma debe incluir expresamente a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales.
Asimismo, los expertos destacaron que la amnistía no puede constituir un hecho aislado, sino integrarse en un proceso de justicia transicional que incorpore mecanismos de esclarecimiento de la verdad, rendición de cuentas y reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas. Además, enfatizaron la necesidad de una supervisión efectiva por parte de la sociedad civil para evitar la instrumentalización política de la ley, así como la adopción de reformas institucionales y jurídicas orientadas a desmantelar el aparato represivo y prevenir la repetición de tales violaciones. Reiteraron el llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente y a la revelación del paradero de quienes se encuentran desaparecidos. Finalmente, advirtieron que no debe pretenderse el retorno de los exiliados mientras no se aclare la aplicabilidad de la amnistía a sus casos particulares.
Este es el deber ser que debe fortalecerse día a día, que sirva de norte y referente, especialmente en una nueva era caracterizada por equilibrios precarios impuestos mediante mecanismos de fuerza en un orden internacional cada vez más impredecible.
María Alejandra Aristeguieta
