El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes 2 de junio ante el Senado que Venezuela debe avanzar de forma impostergable hacia elecciones “multipartidistas, libres y justas” si aspira a consolidar una verdadera transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año.
Durante su comparecencia, el jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que, si bien se han registrado reformas estructurales dentro del aparato de poder venezolano, el camino hacia la reinstitucionalización del país aún enfrenta desafíos monumentales.
Avances bajo la lupa de Washington
Rubio enumeró ante los legisladores una serie de medidas recientes ejecutadas por las nuevas autoridades interinas de Caracas, catalogándolas como pasos en la dirección correcta, aunque todavía insuficientes:
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Cierre de centros de tortura: Destacó la clausura definitiva de la prisión de El Helicoide.
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Liberación de detenidos: Resaltó la excarcelación de decenas de personas, incluidos varios líderes de alto perfil. No obstante, advirtió: “Todavía quedan unos cuatrocientos y tantos que consideramos presos políticos”.
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Cooperación bilateral: Confirmó que Washington mantiene canales de coordinación y niveles de cooperación activa con las autoridades en Caracas sobre asuntos estratégicos que prefirió mantener bajo reserva.
Auditoría internacional a los fondos petroleros
Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue la revelación del estricto control financiero que la comunidad internacional ejerce sobre los ingresos energéticos de Venezuela. Rubio aseguró que los fondos ya no se desvían hacia la corrupción o el control social.
“La riqueza petrolera del país se destina directamente a pagar a los empleados públicos y a comprar equipo médico, bajo la auditoría de la firma internacional KPMG”, indicó el secretario de Estado.
Con estas declaraciones, el gobierno estadounidense deja claro que, a pesar de la flexibilización y el tutelaje de los recursos, la legitimidad definitiva del nuevo orden político en Venezuela dependerá exclusivamente de la convocatoria a un proceso electoral competitivo, transparente y con participación de todas las fuerzas de la oposición.