Por primera vez desde que juró como sucesor del fallecido Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro ha podido imponer un tema de su cosecha en la agenda nacional de Venezuela. El gobernante ha prometido iniciar una lucha frontal contra la corrupción administrativa y el país le ha tomado la palabra hablando y debatiendo en los medios de comunicación y las redes sociales. El jefe del Estado ha planteado incluso a su equipo la reforma del Estado para incrementar las penas de cárcel y ha solicitado a la Asamblea Nacional poderes especiales para legislar sobre esos aspectos.
Esta última petición será la más compleja. El chavismo no tiene las tres quintas partes de votos necesarios en el Parlamento unicameral de 165 escaños para habilitar al Gobierno como legislador. Apenas le falta un voto. Maduro y sus aliados suman 98 diputados y la oposición 67. Con un juego de palabras, el líder opositor, Henrique Capriles Radonski, dudó que el Gobierno pueda cumplir con su cometido. “Solo con corrupción el oficialismo podría lograr votos necesarios para aprobar una Ley Habilitante”, dijo el gobernador del estado de Miranda.
En la encuesta más reciente de la firma Datanálisis, con datos de julio, el anuncio de Maduro apareció en el segundo lugar entre las mayores preocupaciones de los venezolanos, en parte debido a la sistemática campaña del mandatario. En julio creó un programa llamado Eficiencia o Nada, elevado a la categoría de “gran misión”, que en el léxico chavista significa que es un asunto de la mayor importancia del Estado. Su joven gobierno puede presumir de exhibir algunos hechos en su combate contra la corrupción: la detención de cinco funcionarios involucrados en el desfalco de 84 millones de dólares (65 millones de euros) del Fondo Chino Venezolano; el arresto del exgobernador chavista del estado Guárico, Luis Gallardo, acusado de robo y malversación de fondos, al igual que el expresidente de la estatal del hierro Ferrominera, Radwan Sabbagh.
Todos esos casos quedaron sepultados con las dos acusaciones más escandalosas del nuevo gobierno chavista: la del diputado opositor Richard Mardo, a quien el oficialismo acusa de blanquear dinero y por consiguiente allanó su inmunidad parlamentaria para que sea investigado por la fiscalía, y la del director del despacho de la gobernación de Miranda, Óscar López, señalado por pagar altas sumas de dinero a un agencia de festejos, que resultaron imposibles de justificar con el salario que devenga como funcionario público. El debate en el que se presentaron las facturas derivó en un festín homofóbico cuando un diputado exhibió fotos de López vestido de mujer y acusó a Capriles de “maricón”.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, opina que Maduro está asumiendo un riesgo al hacer diana en el combate contra la corrupción y la delincuencia. Ha sido su manera de profundizar la llamada revolución bolivariana, pero si no hay un cambio visible el analista piensa que el Presidente sería visto como el gran responsable de un fracaso. Hay expectativas en el país. Las ediciones dominicales de El Nacional y El Universal, dos de los principales diarios del país, dedicaron sus entrevistas principales a evaluar el impacto de la propuesta de Maduro. A muchos sorprende esta jugada. Chávez jamás quiso correr el riesgo de asumir cruzadas por la honestidad en el manejo del erario público, quizás porque estaba consciente de su alto coste político.
El fin de semana Maduro elevó su apuesta al retar a la oposición a un debate público. “Que ponga el día y la hora que quieran, pero eso sí, que sea una transmisión en directo para todo el país”, respondió este lunes Capriles, quien aprovechó la ocasión para despreciar al mandatario: “Yo creo que no tiene cómo debatir ni con un estudiante de secundaria”.
El tema es complejo y trasciende la disputa que mantienen los principales líderes de este país. Venezuela ocupa el lugar 165 entre 174 naciones en el índice de corrupción que publica Transparencia Internacional. Cada año el país es peor evaluado. Los especialistas creen que el socialismo chavista, lleno de interminables y exhaustivos controles, alienta las negociaciones al margen de lo establecido en la ley. Cálculos de la firma Ecoanalítica indican que en 2012 las importaciones públicas y privadas alcanzaron los 56.300 millones de dólares. De ese monto el 27,4%, 15.400 millones de dólares, fueron compras externas ficticias.
Fuente: El País
