La exfiscal del Ministerio Público venezolano, Luisa Ortega Díaz, ofreció una entrevista al diario El Mundo en la que recordó, entre otras cosas su huida del país y las acciones que tomó luego de que Nicolás Maduro la destituyó de su cargo, para que la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara la investigación contra el líder del régimen venezolano.
Luego de escapar de Venezuela por las persecuciones institucionales, Ortega emprendió el primer paso, el 16 de noviembre de 2017, para que iniciara la investigación que se encuentra actualmente en marcha desde la CPI, refiere el citado medio internacional.
Ortega expuso que ese día (16 de noviembre 2017) interpuso una denuncia ante la CPI, la cual estaba acompañada de más de 1.900 elementos probatorios sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 venezolanos «por parte de Organismos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017, en su mayoría gente humilde».
Fue «una limpieza social, como la denominó Maduro en una ocasión, una política pública para el exterminio de personas que habitaban en las zonas más deprimidas de las principales ciudades», refiere El Mundo, en palabras de Ortega Díaz.
La exfiscal también ha denunciado «los asesinatos de 131 personas cometidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado bajo las ordenes de Nicolás Maduro» durante las manifestaciones de abril a junio de 2017. «El ciudadano que participaba en una protesta pasaba a ser un enemigo, un objetivo militar», continúa Ortega.
«En posteriores ampliaciones presentamos pruebas relacionadas con la tortura y homicidio del concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros, así como de otras torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades», expresó la exfiscal venezolana en entrevista con El Mundo.
Ortega destaca que recientemente se puso a disposición del fiscal de la CPI Karim Khan para colaborar en la investigación.
«Desde el Ministerio Público venezolano en el exilio (Ortega considera que es la fiscal general legítima hasta el 31 de diciembre) le reitero mi voluntad de seguir colaborando, en especial mediante trabajos de coordinación con víctimas directas e indirectas, así como con testigos de los casos que se detallan en la denuncia».
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