El abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Izquiel, valoró el acuerdo para la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como un paso positivo para el fortalecimiento institucional, aunque advirtió que la medida debe marcar el inicio de una reforma integral del sistema judicial venezolano.
Para el especialista, la renovación de la máxima instancia constitucional resulta insuficiente si no se extiende de manera inmediata a la estructura de tribunales ordinarios y al Ministerio Público.
“Luego se debería avanzar también hacia la revisión de los cargos de todos los jueces de las distintas instancias, así como los fiscales del Ministerio Público”, afirmó Izquiel.
Concursos de oposición como garantía de independencia
El académico enfatizó la necesidad de retomar los mecanismos constitucionales y legales de selección de personal judicial para despolitizar la administración de justicia en el país.
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Cumplimiento de la norma: Izquiel recordó que la legislación venezolana exige la realización de concursos públicos de oposición para la asignación de titularidades en el Poder Judicial.
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Autonomía institucional: El especialista remarcó que la evaluación por méritos y capacidades técnicas constituye el único procedimiento apto para garantizar la neutralidad de los administradores de justicia.
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Reforma integral: La revisión del TSJ debe entenderse como la fase inicial de un proceso más profundo que reordene la operatividad de los juzgados y fiscalías en todo el territorio nacional.
