Los migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del presidente Nayib Bukele en El Salvador denuncian haber sufrido torturas, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).
La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en El Salvador, que los 252 migrantes venezolanos enviados al centro estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.
El informe de 90 páginas, titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, ofrece un análisis exhaustivo del trato que recibieron estas personas en El Salvador. En marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 venezolanos, entre ellos, decenas de solicitantes de asilo, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. Los venezolanos fueron objeto de devolución— el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución—, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.
“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”.
Entre marzo y septiembre de 2025, los investigadores entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a otras 150 personas, incluidos sus familiares, abogados y allegados. Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria de estas personas en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre sus deportaciones. Los investigadores también corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.
Human Rights Watch y Cristosal solicitaron información a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador sobre estas detenciones, pero no recibieron respuesta.
Según información presentada en casos judiciales, el gobierno estadounidense proporcionó recientemente al menos US$4.7 millones a El Salvador, entre otros fines, para cubrir los gastos de detención de estos hombres. Algunos de los venezolanos enviados a El Salvador habían solicitado asilo en Estados Unidos tras huir de persecución en Venezuela.
Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían condenas penales y solo el 3 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Otras verificaciones de antecedentes penales revelaron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos en los que habían vivido.
Familiares y abogados afirmaron que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en tramite y a pesar de haber superado la evaluación de “miedo creíble” inicial, que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez de migración. Tres de ellos dijeron que habían llegado a Estados Unidos después de completar un examen exhaustivo y de ser procesados a través del programa de Oficinas de Movilidad Segura establecido por el gobierno estadounidense.
Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se negaron repetidamente a revelar información sobre el paradero o la suerte de los venezolanos, lo que constituyó una desaparición forzada según el derecho internacional. Cristosal ayudó a los familiares a presentar 76 peticiones de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que no se ha pronunciado sobre estos casos.
Los detenidos en el CECOT fueron sometidos a abusos físicos, verbales y psicológicos graves de forma sistemática por parte de los guardias y policías antimotines salvadoreños. Estos abusos constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en muchos casos, tortura, según el derecho internacional de los derechos humanos. Los guardias y la policía antimotines sometieron periódicamente a los venezolanos a golpizas, en particular, durante requisas diarias de las celdas, o por supuestas infracciones de las normas de la prisión—como hablar en voz alta o ducharse fuera del horario establecido—o por solicitar atención médica.
“Todos los días llegaban a hacernos requisa”, dijo uno de ellos. “Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños … y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos”.
Varios ex detenidos dijeron que los agentes los golpearon después de que los entrevistaran miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja durante su visita al CECOT en mayo. Uno de ellos dijo que los guardias “me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre”.
Tres detenidos en el CECOT dijeron que fueron víctimas de violencia sexual. Uno de ellos dijo que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de los guardias. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, dijo.
Human Rights Watch y Cristosal llegaron a la conclusión de que los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en el CECOT no fueron incidentes aislados cometidos por guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los abusos parecen formar parte de una práctica diseñada para someter, humillar y disciplinar a los detenidos, dijeron Human Rights Watch y Cristosal. La brutalidad y la repetición constante de los abusos también parecen indicar que los guardias y la policía antimotines actuaban con la convicción de que sus superiores apoyaban o, como mínimo, toleraban sus actos abusivos.
Los venezolanos también fueron sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo comida escasa e inadecuada, malas condiciones de higiene y saneamiento, acceso limitado a atención médica y medicamentos, y falta de actividades recreativas o educativas.
A mediados de julio, el gobierno de El Salvador envió a las 252 personas a Venezuela a cambio de 10 ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que habían sido detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en muchos casos de manera arbitraria. Venezuela ha sufrido una crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos, que han obligado a casi 8 millones de personas a huir del país.
“El gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo”, afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. “Hacer desaparecer a personas a manos de un gobierno que las tortura va en contra de los principios que históricamente han hecho de Estados Unidos una nación de leyes”.
