Retomar el diálogo entre algunos actores nacionales y representantes de Nicolás Maduro para resolver la gravísima crisis que atraviesa el país no es, en principio, una mala idea. Podría ser bien recibido por todos a quienes preocupa la situación siempre y cuando la buena fe sea la que prime entre quienes se sientan en Ciudad de México. Lo que hace dudar es que esta vez, como en intentos anteriores, el régimen se autosabotee o, en un ataque de malcriadez, obligue a “dialogar” con una señora cuyo único interés debe ser que liberen a su marido preso por graves cargos en Estados Unidos y cuyas otras credenciales para “negociar” son desconocidas.

Los objetivos que se persiguen a la hora de dialogar tienen que ser del más alto interés nacional, no de la conveniencia de algunos. Los voceros del oficialismo solo hablan del levantamiento de sanciones, esas mismas que legítima y legalmente han impuesto algunos Estados, escandalizados ante la evidencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos fundamentales de la disidencia. También se han mostrado felices porque al eliminar las medidas podrían acceder a miles de millones de dólares de fondos del Estado congelados en bancos extranjeros. Afortunadamente ya se ha adelantado que cualquier erogación debe tener un destino social claro (como la restitución del sistema eléctrico y políticas sanitarias) y estará supervisada por la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre el proceso comicial presidencial de 2024 dicen menos. Eso de elecciones libres, limpias, democráticas y supervisadas causa escozor. Y ni hablar de la amnistía, propuesta entre otros por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Así como el levantamiento de las sanciones no puede ser una consideración previa para conversar, un acuerdo fundamental sí debe ser el de la liberación de los presos políticos que están en los sótanos de los cuerpos de seguridad del Estado y son objeto de tortura y de tratos inhumanos y degradantes, como lo han constatado los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales que siguen la situación.

El orden no es levantar medidas para liberar a los detenidos. Es a la inversa. Liberar a los apresados injustamente, sin condiciones, debe ser lo primero que debe acordarse en una mesa de negociaciones como la que se instala en México con el beneplácito de la mayoría de los voceros de la comunidad internacional. Esa decisión sí podría ser una muestra de buena fe que permita el levantamiento progresivo de las sanciones ya que se estaría yendo a una de las causas primigenias, lo que no obsta para que continúen las investigaciones que adelantan organismos como la Corte Penal Internacional sobre políticas totalitarias y contrarias a las libertades fundamentales.

Editorial de El Nacional