El Gobierno británico les ofrecerá permiso de residencia como gesto de buena voluntad.
Jugando al palo y la zanahoria, tras el duro discurso de May contra la UE y los extranjeros en el congreso de su partido, el sábado trascendió que su Gobierno permitirá que los 3,6 millones de comunitarios que viven en el país y sus familias se queden tras el Brexit.
Lo cierto es que al 80% de ellos no podían expulsarlos sin incumplir las leyes. La Convención de Viena de 1969, aceptada por el Reino Unido, establece que quienes lleven más de cinco años tienen derecho a quedarse. El 80% de los comunitarios del Reino Unido están en esa condición. El Ministerio del Interior lo ha descubierto tras encargar un primer estudio.
Hasta ahora, May se había negado a garantizar que los europeos podrían continuar en el país, pretextando que no quería mostrar sus cartas antes de que se abriese la negociación. Pero la tensión económica y diplomática que ha desatado tras inclinarse por el Brexit duro parece haberla llevado a contemporizar.
El Gobierno británico pedirá a cambio que sus 1,2 millones de ciudadanosque viven en otros países de la UE reciban también garantías de residencia. El Ministerio de Salud iniciará negociaciones con el Ejecutivo español para que los 309.000 británicos oficializados como residentes en España sigan disfrutando de la sanidad pública de manera gratuita. May visitará precisamente esta semana a Rajoy.
Países con mayor presencia
Los polacos son el mayor grupo de comunitarios en el Reino Unido (800.000 reconocidos), seguidos de irlandeses (385.000) y alemanes (300.000). El Gobierno de May podría establecer una fecha tope de llegada para gozar del derecho a permanecer en el país, a fin de evitar un efecto llamada al acercarse la salida total de la UE, prevista para 2019.
De todas maneras, la estrategia del Gobierno británico está siendo muy confusa. El Ministerio de Exteriores, cuyo titular es Boris Johnson, ha enviado un correo a la London School of Economics, destapado por «The Times», en el que le prohíbe contratar a especialistas extranjeros para asesorías al Gobierno sobre Europa. La medida es ilegal, pues a día de hoy el Reino Unido todavía forma parte de la UE.
Fuente: abc
