Tras cumplir casi una década en prisión sin juicio definitivo, los siete sargentos de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista de Maracay y el general de brigada Ramón Antonio Lozada Saavedra obtuvieron este martes su libertad al concluir su causa judicial por el denominado «caso paracaidista» o «caso Baduel».
Hacia las 8:30 pm, los detenidos salieron del Palacio de Justicia de Caracas para reencontrarse con sus familiares. A las afueras de la sede judicial, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, aclaró a los periodistas que los militares fueron liberados sin restricciones ni medidas cautelares y precisó que la excarcelación no se ejecutó bajo el amparo de la Ley de Amnistía.
«Es el cumplimiento de una condena que fue injusta porque no hubo pruebas que los incriminaran. Para resolver la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, los condenaron a ocho años, cuando ya llevaban presos nueve años y seis meses. La boleta de excarcelación incluso indica que ya habían cumplido y sobrepasado el tiempo de ocho años por el que fueron condenados (…). No es una libertad por amnistía, sino una condena que violó el Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece un máximo de tres años para penas preventivas y con juicio llevado en libertad, lo que no ocurrió», dijo.
El último de los detenidos en salir del Palacio de Justicia fue el general Lozada Saavedra, quien está en silla de rueda debido a su grave estado de salud. Romero recordó que el militar estuvo recibiendo atención médica durante cuatro años en el Hospital Militar, incluso, dijo que llegó a tener contacto con Víctor Hugo Quero Navas, preso político que murió en julio de 2025 bajo custodia del Estado y su fallecimiento se conoció oficialmente casi un año después.
Los militares fueron arrestados en 2017 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo cargos de presunta conspiración y traición a la patria. El proceso estuvo marcado por constantes diferimientos, violaciones al debido proceso y denuncias de torturas por parte de organizaciones de derechos humanos.
La investigación penal de este caso vinculaba originalmente al grupo con el exministro de la Defensa, el general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien fue señalado por el gobierno como el presunto autor intelectual de una red conspirativa para derrocar al Ejecutivo nacional.
A diferencia de sus coimputados, Baduel nunca llegó a ver el desenlace de este expediente judicial, ya que falleció bajo la custodia del Estado el 12 de octubre de 2021 en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. Mientras las autoridades atribuyeron su deceso a un paro cardiorrespiratorio por Covid-19, sus familiares y defensores denunciaron negligencia médica y exigieron investigaciones independientes sobre las condiciones de su reclusión.
