Trece países de Latinoamérica discuten en Quito una fórmula común para regularizar a los cientos de miles de venezolanos que han migrado a causa de la crisis.
El gobierno de Nicolás Maduro se marginó de la cita técnica de dos días que comenzó este lunes, y acusó a funcionarios de las Naciones Unidas de «convertir un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de una intervención», según la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
No obstante su negativa a reconocer la gravedad de la situación, los gobiernos buscan hacer frente al éxodo de venezolanos que se mueve por el continente, mediante una política común y mayores aportes externos.
«Será muy importante intentar propuestas para resolver la situación de cientos de miles de venezolanos que por diferentes razones no han tenido o no tienen acceso a un estatus migratorio laboral y regular en nuestros países», dijo el canciller encargado de Ecuador, Andrés Terán.
Los venezolanos que emigran «son altamente vulnerables a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral, la falta de acceso a la seguridad social, la extorsión, la violencia, el abuso sexual, el reclutamiento para actividades delictivas, la discriminación y la xenofobia», manifestó Terán.
El encuentro en Quito antecede a una reunión extraordinaria de la OEA programada para este miércoles, para tratar el mismo tema.
El embajador de Argentina en Quito, Darío Giustozzi, destacó la necesidad de «unificar» documentos para el tránsito de venezolanos, que dependiendo de la nación deben presentar cédula, pasaporte o visa.
A Quito llegaron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes prevén emitir el martes una declaración conjunta.
