El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó este miércoles 14 de octubre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 en Venezuela representaron el “primer aviso” de una estrategia de represión política sistemática que derivó en crímenes de lesa humanidad.
Durante la presentación de sus alegatos finales en el tribunal internacional, Romero recordó que aquellos sucesos dejaron un saldo de 19 personas asesinadas y más de 300 heridas de bala. Denunció que, a lo largo de más de dos décadas, las víctimas y sus familiares han padecido la falta de justicia, amenazas constantes y el exilio forzado. En este sentido, subrayó que la intervención de la CorteIDH responde directamente a la ausencia de investigaciones imparciales y a la impunidad estructural imperante en el país.
El abogado enfatizó que los acontecimientos de abril de 2002 no deben interpretarse como un episodio aislado. Según la exposición documentada por el Foro Penal, estos hechos sentaron el precedente y el patrón de persecución política que el Estado replicó y profundizó durante las crisis sociales y protestas de 2004, 2007, 2009, 2014 y 2017.
Pruebas de una represión planificada
Para sustentar estos señalamientos, la representación de las víctimas presentó ante los jueces un compendio de videos, documentos y testimonios clave de figuras militares de la época, entre ellos los generales Manuel Rosendo y Efraín García Velasco, así como el capitán Michael O’Brien. Según Foro Penal, estos elementos probatorios demuestran que existió una planificación deliberada para contrarrestar de forma violenta a los manifestantes.
“El 11 de abril fue para nosotros el primer aviso, un aviso que advertía que iba a convertirse en crímenes de lesa humanidad y que era una estrategia estructurada, pero pocas personas nos creían”, expresó Romero ante los magistrados. Con estos argumentos, la ONG busca visibilizar la conexión directa entre aquella masacre y la posterior consolidación de los mecanismos de persecución estatal.
Por su parte, el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, concluyó destacando la trascendencia del proceso actual. El jurista manifestó que, tras más de 20 años de opacidad, la CorteIDH tiene en sus manos una “oportunidad histórica” para garantizar que todas las víctimas finalmente gocen de justicia.