En un pronunciamiento conjunto de carácter histórico, los representantes profesorales ante los Consejos Universitarios de las principales casas de estudio de Venezuela emitieron un comunicado de alerta nacional. El documento califica la situación actual del sector como una «crisis humanitaria compleja» que no solo asfixia el bolsillo del docente, sino que amenaza con desmantelar definitivamente la producción de conocimiento en el país.
El «cerco» financiero contra el docente
Los académicos señalan que la universidad venezolana se encuentra atrapada en una pinza de tres frentes que ha dinamitado la estabilidad laboral:
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El congelamiento salarial: Con más de cuatro años sin ajustes reales al sueldo base, los profesores universitarios perciben ingresos que los ubican por debajo del umbral de pobreza extrema internacional.
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El instructivo ONAPRE: La persistencia de este mecanismo ha aplanado las tablas salariales, desconociendo méritos, antigüedad y profesionalización.
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La bonificación del ingreso: La política oficial de sustituir salarios por bonos indexados —que no inciden en prestaciones ni vacaciones— ha convertido el trabajo académico en una labor de subsistencia precaria.
Un ataque al corazón de la academia: Investigación y Extensión
La denuncia va más allá de la demanda económica. Los voceros de la Apucv y la Fapuv advierten que la desinversión pública sistemática ha puesto en «terapia intensiva» las funciones esenciales de la universidad:
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Investigación: Sin presupuesto para laboratorios, reactivos o bibliotecas digitales, la ciencia venezolana se estanca.
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Extensión: El vínculo de la universidad con las comunidades y la resolución de problemas nacionales se ha roto por falta de operatividad.
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Fuga de talentos: La precarización empuja a los docentes con mayor formación hacia la migración o el comercio informal, dejando las aulas huérfanas de relevo generacional.
La exigencia: Un «nuevo momento salarial»
El documento concluye con una exigencia irrenunciable al Ejecutivo Nacional: el establecimiento de un ajuste salarial que respete el Artículo 91 de la Constitución.
«Es imperativo abandonar las políticas de bonificación. La dignidad del docente universitario no se negocia con bonos que desaparecen; se garantiza con un salario que respete las escalas laborales y la jerarquía de nuestra profesión», sentenciaron los representantes.
Con este comunicado, el sector universitario se suma a la presión social de cara al 1 de mayo, recordando que sin profesores bien remunerados, el derecho a una educación de calidad se convierte en una promesa vacía.
