La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su repudio a la decisión del Gobierno de Venezuela de crear el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), «un organismo estatal con el propósito explícito de censurar cualquier tipo de información aduciendo razones de seguridad nacional o desestabilización política», indicó.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, manifestó que «estamos ante un caso de arrogancia sin fin, en el que el Gobierno de Venezuela se arroga el poder de establecer qué se puede informar, criticar u opinar, sosteniendo en su mano un ente creado por él mismo, con el que puede controlar, censurar y castigar a su antojo, algo así como ser presidente, legislador y juez al mismo tiempo».
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, dijo además que el reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sobre que se aplicarán fuertes sanciones contra el diario 2001 por un titular publicado esta semana que daba cuenta del desabastecimiento de la gasolina de alto octanaje, «demuestra que el Gobierno podría censurar cualquier tipo de información económica, política, educativa o incluso deportiva, si infiere que pudiera ir en contra de los intereses de Venezuela».
«Maduro está siguiendo con todo entusiasmo el camino iniciado por su antecesor, Hugo Chávez, para configurar definitivamente un sistema totalitario en materia informativa, como han hecho las dictaduras de todo signo a lo largo del tiempo», agregó.
La SIP recordó que «desde hace una década viene insistiendo sobre la necesidad, totalmente contraria a las funciones del nuevo organismo, de que se impulse en Venezuela una ley de transparencia y acceso a la información pública para que el Gobierno cumpla con rendir cuentas e informar, tal como lo exige la Constitución de Venezuela y lo establecen tratados internacionales sobre libertad de expresión».
Freno necesario
Al finalizar su 69ª Asamblea General en Denver (Colorado, noroeste de Estados Unidos), la Sociedad de editores insistió en la necesidad «de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (…) en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes».
El organismo condenó también el asesinato de 14 periodistas durante el último semestre, tres de ellos en México, dos en Brasil, Colombia, Guatemala y Haití respectivamente, y otros tres en Ecuador, Honduras y Paraguay.
Esta es una de las cifras más altas de los últimos 20 años.
La organización fustigó «el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas» y la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, que a su juicio «sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios».
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 más en México) por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia.
Además, en la resolución final, la organización criticó al Gobierno de Estados Unidos y «compartió la preocupación de organizaciones estadounidenses afines sobre el rumbo de la libertad de prensa en este país, sacudido por las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos».
Fuente EU
