Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la transición política venezolana ha ingresado en una compleja fase de negociación conducida bajo la tutoría estratégica de Estados Unidos. El marco diseñado desde Washington, expuesto por el secretario de Estado Marco Rubio, no plantea un relevo de poder intempestivo, sino un esquema por etapas centrado en tres ejes: estabilización nacional, recuperación económica y reconstrucción de las garantías democráticas.
En esta arquitectura provisional, el régimen encabezado por Delcy Rodríguez opera con un margen de maniobra condicionado por los objetivos fijados por la administración estadounidense, mientras la representación opositora —liderada por Dinorah Figuera con el aval de Washington— avanza en la redefinición del aparato institucional.
Los hitos de la negociación: TSJ, presos políticos y CNE
El primer ciclo de conversaciones finalizado en agosto arrojó acuerdos concretos, aunque la agenda de reformas de fondo aún se encuentra en desarrollo.
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Reestructuración del Poder Judicial: El chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 acordaron la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sentando el antecedente para la modificación de órganos del Estado.
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Medidas sustitutivas de libertad: El régimen autorizó la excarcelación de 131 personas, proceso calificado por Washington como un avance en materia de derechos humanos, si bien organizaciones como Foro Penal demandan la liberación incondicional de la totalidad de los presos políticos.
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Rediseño del sistema electoral: Figuera ha fijado diciembre de 2026 como el horizonte temporal para concretar la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la actualización del registro electoral y la restitución de garantías para el voto en el exterior.
La ventana de 2027 como horizonte electoral
La premisa expresada por Rubio de que la transición debe prolongarse por «meses, no años» ubica el cierre de 2026 como la culminación de la fase de reordenamiento institucional. Bajo este calendario técnico, la convocatoria a elecciones presidenciales de transición proyecta sus mayores probabilidades para el año 2027.
La reanudación de las mesas de negociación previstas para septiembre representará la prueba decisiva para determinar si el proceso avanza hacia la fijación de un cronograma electoral verificable o si la dinámica política permanece en una fase de transición intermedia.