El anuncio de acuerdos para la participación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tras un año de negociaciones y con tres de los cinco puntos de agenda pendientes, llegó cuando estaba por terminar el plazo definido por el gobierno de Juan Manuel Santos.
El escepticismo e incluso los temores ante la posibilidad de un acuerdo de paz crecieron ante el estancamiento de los diálogos y el inescrupuloso aprovechamiento de la tarima cubana por una guerrilla cuyo desprestigio, fragmentación organizativa y debilitamiento militar tanto contrastan con la arrogancia y las ambiciones de sus representantes en La Habana.
Quizá como parte de su presión para acelerar el paso y alcanzar los consensos sobre participación política, el presidente de Colombia también ha dicho que las negociaciones con las FARC continuarán a partir del 18 de noviembre sin interrupciones, como estaba previsto, a causa de los procesos electorales de 2014.
Santos sigue apostando, ya muy cerca de su candidatura a la reelección, a que las circunstancias favorables y su liderazgo se impongan sobre los riesgos y los detractores de estas negociaciones. Para ello se ha protegido con varias condiciones: mientras se negocia, prosiguen las operaciones militares contra la guerrilla; nada de lo hasta ahora se ha acordado lo estará efectivamente hasta que todos los puntos de agenda queden convenidos y, no menos importante, el acuerdo final será sometido a la consulta de los colombianos.
A medida que se avance en los últimos tres temas –drogas ilícitas, víctimas y fin del conflicto- será más importante ampliar el apoyo social a lo pactado, particularmente acerca de lo que sobre amnistías anticipó el Marco Jurídico para la Paz aprobado por el Congreso en junio de 2012.
Es lo que Santos recordó hace dos meses ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: que la justicia no sea un obstáculo para la paz. Es este un asunto tan importante para lograr la paz como de difícil comprensión y trato entre propios y extraños, cuestión sobre la cual el gobierno de Santos debe comenzar por persuadir a su propio país.
Los próximos meses, antes de la elección presidencial de mayo, serán decisivos para los diálogos en La Habana, ojalá que conducentes a un sano y verdadero acuerdo de paz que tantas consecuencias positivas puede traer a Colombia y a sus más cercanos vecinos.
En cuanto a Venezuela, ni la discreción que desde 2010 se impuso en estos temas ha impedido al ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, quejarse de falta de cooperación. El comedido reclamo apenas asoma una parte de la violencia y la delincuencia, asociadas a las actividades transnacionales de la guerrilla y sus derivados, que los habitantes de amplios sectores de nuestra frontera padecen.
Nada de esto mejorará, antes bien, seguirá empeorando a menos que el gobierno venezolano haga buena su palabra de apoyar el proceso en Colombia, comenzando por la recuperación de la paz y la seguridad en nuestro lado de la frontera.
Editorial de El Nacional
