No es un tema que se deba politizar, todo lo contrario. La reclamación que hace Venezuela de los 160.000 kilómetros cuadrados que constituyen el Esequibo es un asunto delicado de Estado, una controversia que lleva más de 200 años pero que no puede dejarse a la ligera ni a la improvisación. Tampoco se progresa mucho haciendo afirmaciones fatuas por las redes sociales, sino con acción y preparación en el plano diplomático, pero también jurídico, pues Guyana ha llevado el asunto a la Corte Internacional de Justicia y allí debe el Estado venezolano responder.
Si se quiere tener una idea de lo activo que es el gobierno del presidente Irfaan Ali sobre el asunto, basta ver la última noticia que se tiene de su canciller, Robert Persaud, que acaba de mandar cartas tanto a Facebook como a Twitter para pedirles que eliminen los mapas de Venezuela que incluyen el territorio en reclamación. Insiste el gobierno guyanés que se trata de una zona completamente administrada por su país.
Pero la verdad es que el Esequibo es un área en reclamación, y así debe anotarse, pues Venezuela tiene los títulos suficientes para demostrar su propiedad con las líneas fronterizas y la cesión del territorio de parte del Reino Unido. ¿Por qué es tan sensible de repente este tema? Pues porque Guyana tiene tiempo otorgando concesiones para la explotación de las riquezas de la zona y ahora no quiere que les arrebaten las ganancias. Se les ocurrió entonces demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia que deberá decidir si el famoso Laudo Arbitral de París firmado en 1899 es nulo, como lo ha afirmado el país desde por lo menos 1949 y como además consta en el Tratado de Ginebra de 1966.
Si en aquella ocasión, cuando no habían todavía obtenido la independencia del Reino Unido, firmaron el reconocimiento de la nulidad del Laudo, ¿para qué lo invocan ahora? Hay demasiados intereses y, hay que estar claros, Venezuela está en su punto político más débil a escala internacional y Guyana siempre ha desarrollado una política exterior bastante práctica. Saben que ahora podrían sacar toda la ventaja posible de un gobierno que no maneja el tema y que es demasiado ignorante y prepotente como para escuchar voces de gente que sabe.
Ya lo dijo el articulista Héctor Faúndez: “Para Venezuela, el caso hoy pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, para determinar la nulidad o validez del Laudo de París, se ha convertido en una bomba de relojería. Aunque lo sensato sería llamar a los expertos para desactivar esa bomba, la estrategia del gobierno es estirar la mecha, para que no estalle tan pronto, y sentarnos a esperar, absolutamente hipnotizados por el sonido del tic-tac. Pero, con esa estrategia, la bomba nos va a estallar en la cara”.
Y lo dice porque tenemos encima una fecha perentoria, el 8 de marzo de 2023, cuando le toca a Venezuela la contrarrespuesta a la argumentación que hace Guyana sobre la vigencia del Laudo Arbitral de París. Lo insólito es que el país posee la documentación necesaria para demostrar su nulidad; lo que no tiene es el equipo de especialistas que lo represente y exponga su posición. Y no es porque no existan. ¡Claro que hay historiadores, especialistas en la controversia, académicos de derecho internacional! Pero el gobierno está muy tranquilo, como si no se tratara de algo trascendental. Maduro cree que tuiteando que el sol de Venezuela nace por el Esequibo basta.
La tragedia se pone peor cuando se observa que del lado opositor tampoco se ve movimiento ni presión como para preparar un equipo que pueda asumir la gran tarea de contestar a las pretensiones de Guyana. No se trata, como dice otro de nuestros articulistas, Abraham Gómez, de pedir la nulidad del Laudo que está claro que es nulo, sino de aprovechar de una vez que ya se está ante la Corte para exponer que la razón jurídica nos asiste.
Lo malo es que después de este movimiento de Guyana no pareciera haber otra oportunidad para que Venezuela insista en sus derechos sobre el Esequibo. ¿Qué están esperando?
Editorial de El Nacional
