La decisión final sobre si puede presentarse como candidata a diputada en las elecciones de 2025 será tomada -y probablemente retrasada- por el Tribunal Supremo de Argentina
Las aspiraciones políticas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrieron un duro revés en noviembre, cuando un tribunal de apelación argentino confirmó una sentencia por corrupción que le impide postularse como candidata.
La decisión final sobre si puede presentarse como candidata a diputada en las elecciones de 2025 será tomada -y probablemente retrasada- por el Tribunal Supremo de Argentina. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner está llamada a desempeñar un papel clave en la selección de dos nuevos jueces para la corte, lo que le dará la oportunidad de negociar con su oponente político, el presidente Javier Milei, y, potencialmente, maniobrar para eludir la condena y la prohibición para presentarse como candidata.
La política, de 71 años, ha sido la figura central del Partido Justicialista durante la mayor parte del siglo XXI y fue presidenta entre 2007 y 2015. En 2022, la dirigente peronista fue declarada culpable de corrupción en un caso conocido como «Vialidad», que investigaba presupuestos inflados para la construcción de carreteras públicas en la región de la Patagonia argentina. Fue condenada a seis años de prisión y declarada inelegible para presentarse a elecciones indefinidamente.
Semanas antes del veredicto, en septiembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa en el lujoso barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Un joven desempleado entre una multitud de simpatizantes apretó dos veces el gatillo de una pistola que le apuntaba, pero el arma no llegó a disparar. La expresidenta atribuye el atentado a una persecución política y mediática y asegura que también es objeto de una «guerra de leyes» por parte de un sistema judicial que no ha investigado a los presuntos financiadores del ataque.
«La estrategia de denunciar Lawfare fue mal utilizada por Fernández de Kirchner desde el principio, y quedó desacreditada por las oportunidades perdidas de los últimos nueve años», dijo a Argentina Reports Lucas Arrimada, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. «Sin cambiar el equilibrio de fuerzas en la política, como hicieron el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es difícil revertir una guerra judicial», agregó.
Un tribunal de apelación confirmó el veredicto contra Fernández de Kirchner el 13 de noviembre. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por la acusación, que pide una condena más dura, como por la defensa de la ex presidenta, que aboga por su absolución.
No se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie pronto. «Llevará algún tiempo», dijo Juan Carlos Maqueda, magistrado del Tribunal que dejará el cargo en diciembre tras alcanzar la edad de jubilación obligatoria de 75 años. Se espera que el caso llegue al Tribunal Supremo en marzo de 2025, y la mayoría de los analistas pronostican una sentencia después de las elecciones legislativas de octubre.
Fernández de Kirchner renunció a presentarse como candidata en 2023 tras el fallo inicial, argumentando que no quería ser una carga para el Partido Justicialista. Sin embargo, es probable que la expresidenta se presente el año que viene para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados de Argentina. Se espera que compita en la provincia de Buenos Aires, bastión peronista y el distrito en el que peor le ha ido al presidente Milei. Recientes encuestas muestran a Fernández de Kirchner con una imagen pública más fuerte que la del líder libertario en Buenos Aires, particularmente en la clave región metropolitana del Conurbano.
Aún así, la dirigente peronista podrá presentarse a las elecciones, ya que la ley actual sólo prohíbe una candidatura si la sentencia es confirmada por el Tribunal Supremo. Una propuesta llamada «Ficha Limpia», presentada por el partido opositor PRO, actual aliado de Milei, pretende prohibir la candidatura de políticos que hayan visto confirmadas sus condenas en tribunales de apelación. Sin embargo, la iniciativa ha cosechado escaso apoyo en el Congreso, ya que no sólo se oponen a ella los peronistas, sino también los libertarios.
Mientras tanto, el gobernante Partido Libertario espera un rival de alto perfil en las elecciones del próximo año y cree que la candidatura de Fernández de Kirchner bloquea la posible renovación de la oposición, impidiendo en última instancia que un candidato más viable compita contra Milei en las elecciones presidenciales de 2027.
La propia Corte Suprema será motivo de negociación, ya que Milei aspira a cubrir dos plazas: una ocupada por el jubilado Maqueda y otra vacante desde 2021. El Gobierno ha propuesto a Ariel Lijo, actual juez federal con conexiones en todo el espectro político de Argentina y un pasado accidentado, y a Manuel García-Mansilla, académico de derechas y ex abogado corporativo. Además, el Senado tiene previsto debatir las candidaturas de 150 jueces federales, junto con la del Fiscal General.
¿Cristina Fernández de Kirchner negociará con Milei?
En los últimos meses, Fernández de Kirchner se ha mostrado proclive a negociar con Milei. Como presidenta del Partido Judicialista, tiene influencia sobre 33 de los 72 escaños del Senado, y se necesitan 48 escaños para confirmar a un juez del Tribunal Supremo.
Fernández de Kirchner puede hacer señas para que los senadores aprueben a Lijo, pero ha demostrado que quiere designar a su propio candidato -que, en su opinión, debería ser una mujer- en lugar de García-Mansilla para ocupar el segundo puesto vacante en el tribunal.
La semana pasada, un senador peronista firmó el último aval necesario para llevar la candidatura de Lijo al pleno del Senado. Y el 4 de diciembre, Fernández de Kirchner incluso admitió que era necesario reformar la Constitución, alineándose con las aspiraciones de Milei.
Milei, sin embargo, no parece dispuesto a transigir. «O los dos, o nada», han dicho los negociadores del gobierno.
Además, los liberales exigen que se apruebe a sus dos candidatos antes de añadir otros dos puestos al Tribunal Supremo, que podrían ser ocupados por candidatos de la oposición. Si no se llega a un acuerdo antes de finales de 2024, Milei estaría considerando nombrar tanto a Lijo como a García-Mansilla «por comisión», lo que les permitiría unirse al tribunal a través de una orden ejecutiva sin la aprobación del Senado. A esta propuesta se oponen todos los partidos de la oposición, que han amenazado con anular los nombramientos cuando comience la legislatura en 2025.
Si las negociaciones prosperan, un Tribunal Supremo compuesto por cinco o siete jueces determinará el futuro político de Fernández de Kirchner a partir del año que viene. Sin embargo, si el Senado sigue dividido, los tres jueces restantes tendrían que llegar a una decisión unánime. Un mal resultado electoral para la expresidenta podría conducir a un fallo más rápido, mientras que una victoria podría retrasar la decisión indefinidamente.
«Las negociaciones masivas sobre los candidatos judiciales dan a todos los actores la oportunidad de negociar. El calendario sugiere que la situación podría volverse abstracta, y que la decisión podría no llegar nunca», dijo Arrimada, profesora de Derecho.
Un ejemplo reciente apoya esta idea: Domingo Cavallo, exministro de Economía, fue absuelto por el Tribunal Supremo en un caso de corrupción que comenzó a finales de los noventa. El caso llegó a la Corte en 2018, y en noviembre, el tribunal lo desestimó, citando el derecho a un juicio «dentro de un plazo razonable».
Por Facundo Falduto. Especial para El Nacional. Falduto es un periodista argentino radicado en Buenos Aires con más de 15 años de experiencia cubriendo temas de sociedad y política. Es reportero de Argentina Reports y también editor de Perfil, un tabloide semanal de Argentina. También escribe la columna política «Peor es laburar» en Substack.
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