La organización de derechos humanos Provea advierte en su cuenta de la red X (antes Twitter) sobre los últimos despropósitos del régimen de Nicolás Maduro: detención y criminalización de 33 hombres en Valencia por su orientación sexual; la condena a 16 años de cárcel de 6 dirigentes sindicales y sociales; y la intervención de la Cruz Roja luego de una sentencia del TSJ, siglas que deberían identificar al tribunal supremo de justicia pero la S se ajusta más a sometido. Y se pregunta Provea (y casi todo el país) qué sigue ahora. Lo de siempre: persecución, arbitrariedad e incertidumbre. Pan nuestro de cada día.
Detengámonos en el episodio más reciente, la intervención de la Cruz Roja, la destitución de su directiva y la orden de reorganizar la institución. El TSJ tramita y decide con sorprendente celeridad una solicitud del fiscal general, Tarek William Saab -en deuda con el país desde hace meses sobre el paradero de un sujeto llamado Tareck el Aissami, implicado en el desfalco milmillonario de Petróleos de Venezuela-. Saab argumenta en su demanda que en la Cruz Roja hay abusos en contra de voluntarios y trabajadores y actuaciones irregulares en el uso de los recursos de la institución humanitaria.
Un par de semanas antes, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, había arremetido desde su maratónico programa en la televisión pública contra el presidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel. “Hay un señor que tiene más de 40 años en el mismo cargo –apuntó el dos refiriéndose a Villarroel–…y nos llaman a nosotros dictadores”. La Fiscalía de Tarek halló a 8 trabajadores y voluntarios de la entidad (anónimos) que confirmaron los maltratos y además estaban al tanto de que los donativos recibidos por la institución se usan para fines particulares.
El TSJ, en su sentencia, destituye a Villarroel y pone en su lugar al empresario y expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, a quien le asigna la tarea de nombrar en una semana una nueva junta directiva y reestructurar en el plazo de un año a la Cruz Roja. “Será una junta plural, independiente y proba”, dice Cusanno al aceptar el encargo.
Organizaciones de la sociedad civil han puesto a sonar la alarma, conocida la vocación intervencionista del régimen, primero con partidos y gremios, ahora con asociaciones y organismos humanitarios. “La intervención judicial es el último golpe al maltrecho derecho a la asociación en Venezuela”, expresa la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
La imposición de una directiva, sigue Acceso a la Justicia, va en contra de dos principios del movimiento internacional de la Cruz Roja: neutralidad –que preserva la confianza de todos en la institución– e independencia –como auxiliar de los poderes públicos sin menoscabo de su autonomía–.
La Cruz Roja ya fue intervenida en Nicaragua, ahora se repite en Venezuela. Como se replican las inhabilitaciones de dirigentes políticos e incluso su encarcelamiento. Lo que se teme es que el control de la institución tergiverse sus fines y deje de prestar el apoyo humanitario que la caracteriza mundialmente. En 2022, la Cruz Roja hizo saber que atendió a más de 440.000 personas.
Editorial de El Nacional
