Andrés Velásquez, diputado nacional y dirigente de La Causa R, alertó que “el Gobierno estudia la suspensión de las elecciones parlamentarias pautadas para el 6 de diciembre” y que la aplicación del Estado de Excepción en seis municipios del estado Táchira, que son parte de la frontera con Colombia, es un “globo de ensayo” para extender la medida hacia otras regiones del país.

Velásquez se refirió a cifras dadas por diversas encuestadoras, que dan cuenta de la ventaja que posee la oposición por encima del partido oficialista con respecto a la intención de voto, así como la evaluación negativa que venezolanos dan a la gestión del presidente Nicolás Maduro. “Esta es una derrota cantada y por eso nos preocupamos, porque un gobierno inescrupuloso, no democrático, autoritario y militarista pudiera estar analizando la posibilidad de posponer elecciones y echar mano de un proceso electoral en medio de restricciones, libertades e impedimento de participación igualitaria” advirtió.

Solicitó a la comunidad internacional estar pendientes de lo que ocurre en el país y manifestó respaldo a la solicitud realizada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, de ser veedor en el proceso comicial parlamentario. “Le apoyamos en su empeño de venir a Venezuela en función de ser observador del proceso electoral. El gobierno ve los mismos números que nosotros vemos” dijo.

El parlamentario refirió que la aplicación de Estado de Excepción se trata de “un libreto que trata de echarle a otro las responsabilidades de los errores cometidos por el Gobierno nacional”. “Estas medidas que se establecen con bombos y platillos, tienen el propósito deliberado de distraer frente a la crítica situación que vive el Gobierno venezolano con el tema de las colas del hambre, desabastecimiento, escasez de alimentos, el alto costo de la vida y la destrucción del salario que no alcanza ni para medio comer, con la inseguridad que vive el pueblo venezolano asediado por bandas criminales” manifestó.

De igual forma, el dirigente denunció que tras la suspensión de garantías en el Táchira, las autoridades venezolanas cometen constantes violaciones de Derechos Humanos en el proceso de deportación de ciudadanos colombianos. “Debemos alertar que no todo colombiano es delincuente y esto lo decimos porque aunque lo niegue el Gobierno se está cometiendo violación de derechos humanos. Los reportes indican que se ha establecido una razzia, en la que se registran hasta los buses del transporte público, requisan permanentemente a todo ciudadano y al que le ven pinta de colombiano para deportarlo sin mediación alguna” dijo.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

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