El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alzó firmemente su voz este sábado 30 de mayo mediante una contundente campaña en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la organización visibilizó la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrentan los privados de libertad por motivos políticos y el incansable esfuerzo de sus familiares por lograr su liberación.
Bajo la premisa de que “en Venezuela, la cárcel no puede seguir siendo un lugar de silencio, castigo y muerte”, la campaña expone un patrón sistemático de violencia institucional. La organización denuncia abiertamente que quienes están bajo custodia del Estado sufren torturas, tratos crueles, incomunicación forzada, abandono médico y la constante negación del derecho a las visitas.
Radiografía del horror en los centros de reclusión
El análisis de las imágenes compartidas por Clippve revela una crisis institucionalizada en los penales más críticos del país. Familiares de los detenidos en El Rodeo I y Yare III han reportado agresiones físicas, uso de gases, aislamiento prolongado y condiciones inhumanas de habitabilidad.
Ante esto, el comité lanzó una dura advertencia:
«Las autoridades pretenden catalogar los fallecimientos e incidentes recientes de forma superficial, reduciéndolos falsamente a un ‘motín’ o a ‘excesos’ individuales».
El impacto familiar: «Tortura indirecta»
Uno de los enfoques más desgarradores de la campaña es el daño psicológico y social que sufren los hogares de los detenidos. “Cada día sin visita, sin llamada, sin información y sin fe de vida es otra forma de sufrimiento”, cita uno de los mensajes.
Esta opacidad oficial mantiene a decenas de familias en un estado de angustia permanente, vulnerando diariamente el derecho fundamental a la defensa. Sin embargo, el reclamo civil sigue activo: la presencia constante de madres, esposas e hijos con velas y pancartas a las afueras de los penales confirma que el miedo no ha frenado la exigencia de justicia.
Exigencias urgentes a la comunidad internacional
La campaña de Clippve cierra con un pliego de demandas dirigidas a los órganos rectores de derechos humanos:
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Comunicación inmediata: Restablecer los canales informativos y garantizar las visitas regulares.
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Atención médica: Detener la negligencia de salud que ya ha provocado muertes bajo custodia estatal.
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Investigación independiente: Esclarecer los hechos recientes mediante auditorías internacionales confiables.
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Fin al castigo: Desmontar las estructuras penitenciarias que validan la crueldad y otorgar la libertad plena para todos los presos políticos.
El manifiesto concluye con una sentencia contundente que apunta directamente al Palacio de Miraflores: “Toda persona detenida conserva derechos. Nadie debe ser torturado. Nadie debe morir bajo custodia. Ninguna familia debe recibir silencio”. Para Clippve, esta realidad no se trata de simples fallas del sistema, sino de crímenes de Estado.
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