La Cámara de Diputados de Paraguay debate este jueves una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia, en una crisis que ha generado incertidumbre entre millones de clientes y abierto un nuevo frente político para el mandatario.
Durante el debate, que comenzó a las 10.38 hora local (13.38 GMT), los legisladores analizarán la acusación presentada por diputados de la oposición y disidentes del oficialismo, después de que la intervención de la entidad, que tenía unos 2,94 millones de clientes, afectara también a varias instituciones del Estado.
Antes del inicio de la sesión, el oficialista Partido Colorado respaldó el juicio político, «a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», publicó en X el titular de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).
«Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», publicó Cartes.
Crisis millonaria
Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó este martes la intervención y disolución de Ueno, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.
La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
La acusación, respaldada por 35 legisladores, plantea activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, al que señala de «un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones».
El juicio político -explica el documento- está «destinado a retirar la investidura» del gobernante, quien asumió el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.
En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.
Riesgo para las pensiones
La acusación advierte de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal sobre puertas giratorias. Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.
Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor «83 días después de ese nombramiento».
Igualmente, se denuncia una «injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno».
También se acusa al jefe de Estado de «beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito», al relacionar, entre otros hechos, dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno, y de «afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico». EFE
