«Aún no se abren las investigaciones por violación de derechos humanos en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad», sostuvo la diputada Delsa Solórzano, presidente de la comisión especial del Parlamento que investiga el fallecimiento del ex policía
15 de febrero de 2018
La presidente de la comisión especial del Parlamento venezolano que investiga la muerte de Óscar Pérez y seis miembros de su grupo de sublevados hace un mes, Delsa Solórzano, denunció que la Fiscalía no ha abierto investigaciones por el tema de derechos humanos y aseguró que eso acarrea «responsabilidad penal».
«A un mes de la #MasacreDeElJunquito aún no se abren las investigaciones por violación de DDHH en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad», afirmó Solórzano en su cuenta de Twitter.
1. A un mes de la #MasacreDeElJunquito aún no se abren las investigaciones por violación de DDHH en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad.
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 15 de febrero de 2018
Hace un mes, un amplio operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas abatió a Pérez junto con seis «terroristas», según el Gobierno, tras ser acorralados en una casa en El Junquito, a las afueras de Caracas, lugar desde el que el expolicía se sirvió de las redes sociales para informar que deseaba negociar su entrega a las autoridades.
Pérez se rebeló contra el Gobierno en junio pasado, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero policial y contra el que disparó y arrojó granadas sin causar heridos o muertos.
Desde entonces, ya en la clandestinidad, grabó varios videos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Solórzano reiteró que desde la Comisión de Política Interior que también preside siguen trabajando en el caso: «Y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables».
2. Desde #PoliticaInterior seguimos trabajando y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables (materiales e intelectuales) #MasacreDeElJunquito
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 15 de febrero de 2018
La diputada opositora recordó que la violación de derechos humanos es «un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras»
3. Ayer consignamos el informe #MasacreDeElJunquito ante el representante en Vzla de la OEA. Esta semana seguiremos con más acciones que anunciaremos.
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 15 de febrero de 2018
Informó además que se consignó ante el representante en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que están llevando a cabo en la comisión especial de investigación y adelantó que esta semana seguirán «con más acciones» que pronto anunciarán.
4. La violación de DDHH es un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras. No lo olviden los responsables #MasacreDeElJunquito
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 15 de febrero de 2018
El también diputado opositor y miembro de esta comisión Winston Flores calificó de «ejecución extrajudicial» el operativo de seguridad de hace un mes, un evento en el que, sostuvo, no se respetó el derecho a la vida.
«Con tiros en la cabeza el régimen cegó la vida de 7 Venezolanos», señaló Flores en Twitter.
Hoy se cumple un mes de la #MasacreDeElJUnquito lo que fue una ejecución extrajudicial donde sin respetar el derecho a la vida con tiros en la cabeza el régimen cegó la vida de 7 Venezolanos la justicia y la verdad se impondrán pic.twitter.com/Nv9KLqhmYP
— Dip.Winston Flores (@wfloresvp) 15 de febrero de 2018
Reiteró que tras la actuación policial «intentaron ocultar las pruebas, demolieron la casa, acosaron a las familias y amigos y realizaron un entierro controlado sin permiso de las familias».
Intentaron ocultar las pruebas, demolieron la casa, acosaron a las familias y amigos, realizaron un entierro controlado sin permiso de las familias destruyerobsu honor y además se burlaron pero este régimen asesino a estos ciudadanos #MasacreDelJunquito
— Dip.Winston Flores (@wfloresvp) 15 de febrero de 2018
Tras la muerte del ex policía científico y de su grupo, los cuerpos tardaron varios días en ser entregados a los familiares, quienes, acompañados de diputados opositores, denunciaron presiones para que permitieran que fueran quemados.
Tras la presentación al Parlamento el pasado 30 de enero de las conclusiones de la comisión especial de investigación, el Legislativo decidió prorrogar 60 días más sus tareas.
EFE
