George Soros demanda al banco en Londres por incumplimiento de sus deberes con los tenedores de deuda de este país
Argentina ha lanzado una embestida contra la entidad por haber acatado un fallo de un tribunal estadounidense
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prohibió ayer operar en Argentina al Bank of New York-Mellow (BONY). El argumento oficial es que «no registró operaciones activas, ni existen operaciones activas vigentes» desde «diciembre del 2012». La explicación fuera de la Casa Rosada apunta en otro sentido: El BONY es el banco que respetó el fallo del juez Thomas Griesa, al bloquear 539 millones de dólares de un vencimiento de deuda reestructurada que ha colocado al país en «default selectivo». El magistrado considera que Argentina debe pagar antes a un grupo de acreedores que no entró en los canjes del 2005 y 2010 y demandaron al país.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, anunció la medida reflejada en la «Resolución 437» del Banco Central donde, además, añade que «dicha entidad es la única que no cuenta con financiamiento a residentes del país desde enero del 2013 hasta la fecha». Por ese motivo, entre otros, el Ejecutivo considera que incumple con el «objetivo operacional». En rigor, el BONY, agente de pago de los bonistas, no tiene sucursal en Argentina sino una representación que desarrollaban Mariel Verónica García Sturzenegger y María de la Cruz Solares a las que el Banco Central acusa de «incumplimiento de los deberes de ambas».
Aldo Pignanelli, ex presidente del BC, restó importancia a la medida al considera que «sólo se le está quitando la representación, no se está cerrando un banco. Es una decisión política para castigar». Para él se trata de «una represalia por la actuación del BONY al acatar las decisiones del juez Griesa de retener los fondos». Pero, «no tienen ningún efecto salvo ratificar la confrontación de la justicia norteamericana».
En este contexto varios fondos de inversión, liderados por Quantum Partners, del multimillonario George Soros, demandaron al BONY por no cobrar la suma de 226 millones de euros en intereses de la deuda argentina. Los perjudicados argumentan que esos bonos no están bajo jurisdicción argentina sino que se rigen por la británica. Por lo tanto, Griesa se excede en sus funciones y el BONY viola sus obligaciones al cumplir sus instrucciones.
Fuente: ABC
CARMEN DE CARLOS@ABC_ES / CORRESPONSAL EN BUENOS AIRES
