A propósito del inicio de clases anunciado en Venezuela, Karín Salanova, ex diputada de la Asamblea Nacional 2015, aseguró que salvar las escuelas del colapso estructural no es un debate diferible, sino una condición de gobernabilidad y justicia social prioritaria. Además que se debe exigir que se canalicen los recursos extraordinarios de la renta petrolera hacia un fondo transparente, dirigido exclusivamente a la restauración de los planteles y centros de salud infantil, inspecciones técnicas, independientes, certificar la habitabilidad y seguridad física.
Salanova, señaló que se debe brindar garantía al derecho a la educación y no seguirlo utilizando como bandera política bajo un discurso demagogo, “se tiene que superar el enfoque cuantitativo de matriculación para asegurar que los colegios cuenten con agua, luz, programas de alimentación sostenible y atención psicosocial, después de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio para estudiantes y maestros”.
En ese sentido indicó que “tiene que instalarse: la contraloría social ciudadana, incorporar activamente a las comunidades educativas, comité de protección civil, sociedad civil para la fiscalización, ejecución presupuestaria, es por ello que en el marco del debate respecto a los acuerdos institucionales y los planes de transición en el país las organizaciones de protección de la infancia y defensores de derechos humanos han alertado que cualquier proceso de re institucionalización o reconstrucción en Venezuela, debe priorizar en la emergencia escolar identificada y detallada en el informe de Cecodap en el año en curso, donde fue diagnosticado un escenario crítico, ya que aproximadamente uno de cada tres colegios en el país presenta daños estructurales graves, caracterizados por filtraciones de losas, techos colapsados y estructuras de riesgos, sumado a la crisis de los servicios básicos”.
Karín Salanova recordó que los derechos de los niños están amparados en la Constitución Nacional, en los artículos 7 y 8, y “debe ser tomado como prioridad absoluta y las obligaciones generales del Estado como: asignaciones prioritarias de recursos públicos en el presupuesto, es por eso que hacemos énfasis en que los recursos petroleros no pueden ser destinados únicamente a gastos corrientes sin blindar partidas específicas para la protección infantil”.