Insisto en el tema: si a la corrupción no se le da un tratamiento a fondo, implacable, aplicando sin miramientos las disposiciones legales, poniendo a funcionar todos los recursos del estado y motivando a la sociedad, los intentos que se hagan para afrontar el fenómeno siempre terminarán en fracasos, como hasta ahora ha ocurrido. No basta con buenas intenciones ni con repetir el manido discurso anticorrupción, por cierto, bastante devaluado. Porque si algo está demostrado es que la corrupción tiene características institucionales, así parezca descomedido decirlo, ya que está sembrada en la realidad social del país y en el seno de las instituciones, por lo cual anula la capacidad del estado para reaccionar. Lo he dicho y escrito en otras oportunidades. Lo sostuve reiteradamente en tiempos de la cuarta república, tanto en el Parlamento como en los medios, y lo vengo advirtiendo ante diversas instancias durante el proceso bolivariano.
No son los gobiernos bolivarianos los más corruptos de la historia republicana de Venezuela. La exageración es la cobertura inmoral que suelen utilizar los corruptos de la cuarta república. Es la excusa de aquellos que se enriquecieron obscenamente en esa etapa de ingrata recordación para los venezolanos. Pero de que hay corrupción en la quinta república, la hay. No se puede negar, y se comete un error si se actúa ante tal situación respondiendo en función de la defensa de una determinada causa política. Se puede hacer, pero a costa de perder credibilidad al aparecer amparando indirectamente el fenómeno. Ahora bien, lo que si resulta cierto es que en el liderazgo del movimiento bolivariano la mayoría es honesta, la subleva lo que ocurre y hace esfuerzos de todo tipo por combatir ésta perversión.
Pero no basta. Está visto. Se necesita de un impulso mayor y de que todas las instituciones del estado esten comprometidas con el esfuerzo para erradicar la corrupción, particularmente la administración de justicia y los organismos policiales y de investigación. Esto lo sostengo porque estoy convencido que el presidente Maduro y las altas autoridades del gobierno y del estado, se la tienen jurada a la corrupción. Anuncian sanciones
Implacables, implementan políticas anticorrupción, giran instrucciones a todas las instancias de la administración pública para que se cumplan las resoluciones y se sancione a los responsables. Muchos de estos son identificados, se conocen los nombres y los delitos en que estan involucrados. Hay multitud de informes suscritos por las autoridades competentes que se relegan o incumplen porque el entramado burocrático y el nudo de las complicidades lo facilita. A mis manos llega constantemente parte de esos informes sobre investigaciones que claman al cielo. En los cuales estan claramenmte señaladas las responsabilidades y nombres de los involucrados en actos delictivos, pero la impunidad es más poderosa que el ejercicio de la justicia y que las ordenes que emanan del alto gobierno. Cito un solo caso: lo sucedido en la red de Abastos Bicentenario, las empresas comprometidas en estafas al estado y los nombres de los responsables. Pero pasa el tiempo y los implicados que ejercen cargos importantes siguen en esos cargos, como si nada hubiera pasado. El informe al que me refiereo fue elaborado minuciosamente por una comisión del cuerpo de inspectores socialistas de la presidencia de la república. Pero parece confinado al limbo protector de quienes quebrantan la ley e incurren en graves delitos en el ejercicio de funciones públicas. Asi no se puede luchar contra la corrupción, hacerlo de esa manera es alimentarla y fortalecerla. Es garantizarle al fenómeno que siga taladrando al estado, a la sociedad, a las instituciones hasta que se produzca el colapso definitivo.
Fuente: EJ
