La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos ha abierto un complejo debate sobre la continuidad del Poder Ejecutivo en Venezuela. Al respecto, el reconocido abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, afirmó que la detención del mandatario constituye un hecho fáctico innegable que deriva de inmediato en una “falta absoluta” debido a la imposibilidad física y jurídica de ejercer el cargo.
García advirtió de manera tajante que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tiene facultades legales para maquillar la situación bajo figuras ambiguas.
La invención de la «ausencia forzosa»
El jurista alertó sobre las pretensiones del Poder Judicial de invocar una presunta “ausencia forzosa” para congelar la línea de sucesión. Explicó que este concepto es un invento político, ya que no se encuentra contemplado en ningún artículo del texto constitucional venezolano.
A juicio del experto, el estatus actual de Maduro encaja perfectamente en los supuestos de vacante del cargo (artículo 233 de la Constitución), lo que debería obligar a las autoridades a activar, de forma inmediata y sin dilaciones, los mecanismos de sucesión presidencial establecidos en la ley.
“Cualquier intento del Poder Judicial por utilizar eufemismos o interpretaciones sesgadas para evitar la declaración de vacancia representa un grave golpe al hilo constitucional”, denunció García.
Piruetas jurídicas que vulneran la soberanía
Para el analista, la realidad de la detención en el extranjero no puede ser anulada por sentencias de complacencia. Retorcer la norma escrita con el único fin de desconocer el cautiverio del mandatario no solo carece de base jurídica, sino que pone en jaque la institucionalidad que le queda al país.
García concluyó que insistir en mantener una presidencia acéfala basándose en una ficción legal vulnera directamente el principio de soberanía nacional y fractura la estructura democrática del Estado venezolano, dejando a la nación en un peligroso limbo de ilegitimidad.
