Por segunda vez, la situación de los derechos humanos en Venezuela será evaluada en las Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal. El 1° de noviembre el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas. En el informe presentado por el Estado nada se señala sobre la falta de independencia de los poderes públicos, entre ellos el Judicial, la principal tarea que sigue pendiente. El 13 de septiembre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos alertó sobre los efectos perniciosos de “la erosión institucional” en el país. Las ONG promueven un cabildeo para que el debate en Ginebra incluya la suspensión del referéndum revocatorio presidencial a partir de maniobras judiciales
En 2011, cuando Venezuela se sometió por primera vez al Examen Periódico Universal (EPU), el gobierno asumió un compromiso adicional ante Naciones Unidas para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el país: “Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos y el derecho a votar”.
En aquella oportunidad los representantes del Estado enfatizaron: “Más allá de la elección de los funcionarios públicos, esta participación se expresa a través de la implementación de actividades políticas innovadoras, incluyendo referendos, encuestas de opinión de la comunidad, la derogación de los mandatos, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, cabildos y asambleas ciudadanas, cuyas decisiones son vinculantes”.
Ahora, cuando le corresponde rendir cuentas ante la ONU por segunda vez y específicamente sobre la gestión encabezada por Nicolás Maduro, el gobierno está en el trance de explicar cómo cinco jueces del interior del país dictaron sentencias idénticas simultáneamente que, apenas pocas horas después, fueron utilizadas por el Consejo Nacional Electoral para suspender el referéndum revocatorio presidencial.
“La falta de independencia de los poderes públicos, y particularmente del Judicial, constituye la principal deuda con que regresa el Estado venezolano a Ginebra”, adelanta Feliciano Reyna, quien ha fungido como vocero de las organizaciones no gubernamentales de Venezuela que persisten en denunciar abusos ante instancias internacionales, precisamente por el déficit de justicia que hay en el país.
El EPU es un mecanismo de coevaluación entre los 193 países de la ONU. Se instituyó en 2007 y se desarrolla ante el Consejo de Derechos Humanos. Cada cuatro años y medio se examina la situación de todos los derechos humanos en cada país.
Pasado mañana, 1° de noviembre, se llevará a cabo el llamado diálogo interactivo sobre Venezuela. En una sesión de tres horas, el Estado dispondrá de 70 minutos para exponer avances, retrocesos y desafíos, así como para responder a preguntas que se le hayan formulado anticipadamente. Los 140 minutos restantes se dividirán entre un máximo de 70 intervenciones y repreguntas.
Reyna considera que la suspensión del revocatorio aumentó la alarma que está encendida en muchos países del mundo por lo que ocurre en Venezuela. “Yo estaba en Bruselas el 20 de octubre, reunido con representantes de varios organismos internacionales de derechos humanos, y ese mismo día se intensificó el cabildeo a efectos de que la obstrucción de la vía electoral para adelantar el relevo de Nicolás Maduro forme parte del debate en el EPU. En muchos países se comprende que es una evidencia clara de lo que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, había denunciado cinco semanas antes: la erosión de la independencia de las instituciones”.
El gobierno calla
El EPU se nutre de tres principales fuentes de información: el informe del Alto Comisionado, el informe del Estado examinado y el informe de las organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.
En cuanto al funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela, el Alto Comisionado se hizo eco del “progresivo y grave deterioro de la independencia del sistema de justicia”, así como de la “intimidación y la instauración del uso del sistema judicial como arma de persecución política”. Y le dio crédito a las recomendaciones formuladas por la ONG Acceso a la Justicia, a efectos de “modificar el marco normativo, promulgar un Código de Ética, abandonar la injerencia en los nombramientos, la administración de los recursos judiciales, la práctica del recurso de interpretación y la actuación de oficio, como mecanismos de legalización de las acciones del gobierno y de legislar desde las sentencias”.
Las inquietudes sobre la falta de independencia judicial fueron absolutamente omitidas en el informe que el Estado defenderá en Ginebra esta semana. Ello a pesar de que 25 de las 147 recomendaciones que otros países le formularon a Venezuela en 2011 están referidas al deterioro del Estado de Derecho.
Las ONG que participan en el EPU destacaron la vigencia de las demandas, entre ellas: 1) aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cumplir todas sus obligaciones internacionales; 2) garantizar la independencia y autonomía judicial; 3) realizar concursos de oposición abiertos y trasparentes para el ingreso y ascenso en la carrera judicial con el rigor que impone la Constitución; 4) erradicar los nombramientos provisionales de jueces y fiscales; 5) aumentar el apoyo institucional y material al sistema de administración de justicia; 6) abolir la práctica de utilizar al Poder Judicial para acallar las críticas contra el gobierno; 7) investigar las denuncias de injerencias del Ejecutivo en decisiones judiciales; y 8) emprender las reformas legislativas para evitar la impunidad.
La sociedad civil pugna
La mayor diversidad se encuentra en los informes de la sociedad civil. El Alto Comisionado reportó que se recibieron 519 comunicaciones, entre las cuales están las de 136 comunas más otras 117 organizaciones progubernamentales con diferentes denominaciones, 104 organizaciones cubanas, 70 mesas técnicas de agua, 50 organizaciones bolivianas, 38 ONG venezolanas, 28 consejos comunales, 5 organizaciones de Estados Unidos, 4 de Benim, 3 de Canadá, 3 de Gran Bretaña, 3 de Puerto Rico, 1 de Suiza, 1 de Bélgica, 1 de Sudáfrica y 1 de Congo.
Jo D’Elia, de Civilis, explica que el EPU, al ser una evaluación entre pares, adquiere un carácter diplomático: “Algunas naciones tratan de apabullar con una gran cantidad de informes elaborados por organizaciones complacientes. Por eso es imprescindible la participación de la sociedad civil verdaderamente autónoma, sin compromisos políticos ni tutelaje del Estado examinado”.
Al igual que el Estado venezolano, las organizaciones progubernamentales, nacionales y extranjeras, nada aportaron sobre la organización y funcionamiento del sistema de administración de justicia.
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, considera que el gobierno calla porque es el principal promotor de la falta de independencia del Poder Judicial, que se ha acentuado este año con las decisiones en contra de la Asamblea Nacional.
Y los expertos vigilan
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ofrece un dato para reivindicar la utilidad del EPU: es un mecanismo complementario al escrutinio y seguimiento permanente de la situación de los derechos humanos que hacen otras instancias de Naciones Unidas, en las cuales la falta de independencia del Poder Judicial ha sido una preocupación reiterada.
En 2014 el Comité contra la Tortura de la ONU advirtió “con preocupación que no se garantiza la estabilidad de los jueces en sus funciones, toda vez que 62% de los jueces es provisional, de libre nombramiento y remoción. Preocupa al Comité que el procesamiento de María Lourdes Afiuni, así como las destituciones de jueces provisionales presuntamente por haber adoptado decisiones desfavorables al Gobierno, haya impactado negativamente en la independencia de los demás jueces, socavando las garantías de un Estado de Derecho necesarias para la protección eficaz contra la tortura”.
La conclusión del Comité contra la Tortura se fundamentó en la confesión que hizo el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Luis Damiani, en noviembre de 2014, cuando fue interpelado por los expertos: “Es verdad. Esta comisión nombró jueces provisorios. Para 2013 tenemos alrededor de 1.700 jueces, de los cuales 1.095 son provisorios, y 665 titulares; es decir, solamente 38%”, admitió Damiani.
Tres años después, el número de jueces dependientes del gobierno debe ser superior, pues la Comisión Judicial del TSJ ha hecho más designaciones a dedo sin que medie un concurso de oposición, que es el mecanismo constitucional establecido para garantizar la independencia de los administradores de justicia. En 2015, cuando evaluó la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela, Naciones Unidas reportó una variación de 4%: “El Comité continúa preocupado por la situación del Poder Judicial, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad. Observa con preocupación que sólo 34% de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”.
Desde Provene, otra de las ONG involucradas con el EPU, Cristina Carbonell indica que es necesario hacer comprender a los ciudadanos el impacto que tiene la violación del derecho a la justicia sobre el ejercicio del resto de los derechos humanos: “Si tuviéramos jueces independientes, pudiéramos contar con ellos cuando se nos viola el derecho a revocar el mandato de un gobernante. Si tuviéramos jueces independientes, se encargarían de garantizar nuestros derechos a la alimentación, la salud y la seguridad ciudadana, que no son cosas de abogados sino las principales angustias de la población”.
Venezuela en el ranking del EPU
-El país ocupa el primer lugar en la lista de países que más recomendaciones han formulado en materia de derecho a la alimentación durante el segundo ciclo del EPU que se realiza este año. En total ha formulado 20 recomendaciones a diferentes países sobre cómo mejorar la distribución y acceso a los alimentos. Mientras tanto en Venezuela los anaqueles vacíos, las colas frente a los expendios de alimentos y las denuncias sobre la discriminación en la entrega de comida a través de los CLAP han ido en aumento a lo largo del año. Un total de 118 protestas por alimentos contabilizó el Observatorio de Conflictividad Social solo en septiembre de 2016, frente a 94 el mismo mes del año pasado.
-Venezuela está en el tercer lugar en la lista de países que más recomendaciones han hecho en el EPU de este año en materia de derecho a la salud, con un total de 35 sugerencias a otros gobiernos. Esto ocurrió en el mismo trimestre cuando una foto de los bebés recién nacidos en un hospital de Anzoátegui, metidos en cajas de cartón, dio la vuelta al mundo. En el mismo trimestre cuando médicos, pacientes y enfermeras del sistema público de salud protestaron para exigir insumos y condiciones de seguridad para su trabajo. La Asamblea Nacional ha aprobado dos acuerdos y una ley especial que declara la crisis en el sector salud. Todas esas iniciativas legislativas han sido bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia.
-El Estado estuvo en el tercer lugar en la lista de Estados que más recomendaciones recibieron en derecho a la vivienda, con un total de 4 sugerencias, en el EPU de 2011. Para esa fecha, el fallecido presidente Hugo Chávez redefinió la Misión Vivienda como Gran Misión Vivienda Venezuela. En este segundo ciclo, Venezuela se convirtió en el segundo país que más recomendaciones ha hecho sobre la materia.
-Venezuela es el tercer país que más recomendaciones ha recibido sobre a asistencia y cooperación en derechos humanos con un total de 21 sugerencias. El gobierno no ha permitido la visita de ningún veedor internacional. Desde el año 2001 no ha podido ingresar al país ningún comisionado de la OEA, y desde 2012 los comisionados de la ONU han solicitado el ingreso a Venezuela en 10 ocasiones y siempre ha sido negado. En 2013 se acordó la visita del comisionado de la FAO pero no se concretó por la muerte de Chávez.
-El país está en el tercer lugar en la lista de naciones que más recomendaciones ha formulado en los dos ciclos del EPU sobre derechos económicos, sociales y culturales y pobreza. Ha formulado 286 recomendaciones a 124 países del mundo.
Fuente: El Nacional
Edgar López
