La reactivación de operaciones de Chevron en Venezuela, autorizada en julio de 2025, más que un giro, representa una inflexión. No es una reconciliación ni una legitimación, sino un acto de pragmatismo en tiempos de incertidumbre energética global. Como suele ocurrir, la geopolítica vuelve a marcar el pulso de la economía y a relativizar las narrativas previas.
En febrero del mismo año, la administración estadounidense había revocado la licencia de Chevron para operar en el país, aludiendo al incumplimiento de compromisos democráticos. Una decisión firme, aunque no inédita, que respondía a criterios políticos y estratégicos. Sin embargo, los hechos demostraron que la presión sostenida no siempre produce los resultados esperados, y el contexto obligó a reconsiderar.
Cinco meses después, una nueva orden ejecutiva reabrió las puertas, de forma temporal y bajo condiciones. El argumento esta vez no fue ideológico, sino logístico: las refinerías del Golfo necesitan crudo pesado, y el que antes llegaba desde Rusia ha quedado fuera del circuito comercial por razones conocidas. Venezuela, con todos sus bemoles, ofrecía una fuente disponible, conocida y operativamente compatible.
La licencia no implica un cheque en blanco. Se establecieron limitaciones claras: los pagos no pueden ir directamente al gobierno venezolano, los fondos deben dirigirse al pago de deuda y compromisos contractuales, y toda operación debe regirse por criterios de transparencia aún por afinar.
Desde Caracas, la medida fue recibida sin estridencias. La posibilidad de recuperar parte de la producción perdida, reiniciar proyectos detenidos y reactivar un mínimo flujo de divisas representa un alivio técnico más que una victoria política. A diferencia de otras épocas, el gesto no se ha convertido en estandarte propagandístico. Tal vez porque los márgenes de maniobra —de ambos lados— son ahora más estrechos.
En términos geopolíticos, el retorno de Chevron no solo busca estabilizar una fuente energética. También introduce una variable nueva en el tablero latinoamericano, donde la influencia de actores extrarregionales ha crecido en los últimos años. China y Rusia, que ocuparon espacios vacíos en el sector petrolero venezolano, verán ahora competir a un viejo conocido con respaldo institucional y know-how operativo.
Aun así, no se trata de una “vuelta al pasado”. Las condiciones técnicas de la infraestructura petrolera venezolana, la limitada capacidad de inversión y los riesgos jurídicos asociados impiden cualquier ilusión de bonanza inmediata. Lo que Chevron obtendrá es un acceso moderado. Lo que Venezuela podría ganar es una cierta estabilidad, si se cumplen los acuerdos. Lo que Estados Unidos busca es diversificación.
La narrativa oficial insiste en que no hay beneficio para el gobierno venezolano. Sin embargo, la trazabilidad de los fondos, la fiscalización de los pagos y el seguimiento del impacto económico real son aún tareas pendientes. No hay garantías absolutas, solo mecanismos en construcción.
Del mismo modo, la reacción interna en Estados Unidos no ha sido unánime. Algunos sectores interpretan la medida como una concesión indeseada; otros la ven como una maniobra racional ante necesidades concretas. La realidad, como casi siempre, se sitúa en un punto medio: una decisión política con fundamentos técnicos, una corrección táctica sin alteración estratégica.
En este contexto, ¿qué se puede esperar?
Todo dependerá del cumplimiento de condiciones. Un escenario optimista supone un aumento moderado de producción, cierta recuperación de ingresos y un impacto social positivo en sectores puntuales. Uno intermedio advierte sobre desviaciones, incumplimientos y posible reversión de la licencia. El más crítico incluye fallos técnicos, inestabilidad institucional y retorno del modelo de sanciones.
La presencia de Chevron en Venezuela no es garantía de recuperación, ni tampoco es una anomalía. Es, en rigor, una expresión más del pragmatismo internacional en contextos de escasez y presión. No consagra ni castiga; simplemente intenta operar en medio de una realidad compleja.
Lo fundamental será mantener la coherencia entre lo declarado y lo ejecutado. Que el petróleo no sea excusa para anular principios, ni pretexto para prolongar inercias. Que las condiciones acordadas se cumplan. Que los beneficios, aunque limitados, se traduzcan en mejoras operativas y no se desvíen hacia zonas de opacidad.
En un mundo donde las certezas se erosionan con rapidez, tal vez esta decisión —con todas sus ambigüedades— termine siendo un ensayo de madurez estratégica. No el regreso de los viejos tiempos, sino la inauguración de una fase distinta, más cauta, menos épica, y quizás más efectiva para el cambio político en Venezuela.
Humberto González Briceño
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