Una señal clara: los 67 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática firmaron una carta en la que rechazan la propuesta de una Ley Habilitante para combatir la corrupción. Se infiere que a través de un “salto de talanquera” el oficialismo no logrará el objetivo.
Para los parlamentarios, los poderes especiales que busca el presidente Nicolás Maduro responden a un plan dirigido desde Cuba que busca controlar los recursos de Venezuela y “pretende usarse con fines electorales”.
Aunque no se explica cuáles serían esos fines electorales, ya el líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, advirtió sobre la posibilidad de llevar las elecciones en Venezuela al segundo grado.
Los legisladores también denuncian en el comunicado la pretensión de usar la Habilitante para justificar procedimientos de persecución política a los adversarios del Gobierno.
Consideran que Maduro tiene suficientes atribuciones para impulsar la lucha contra la corrupción y no necesita que la Asamblea Nacional le apruebe poderes especiales para hacerlo. Recuerdan que la oposición ha apoyado la lucha contra este problema, como cuando le dio el vistobueno al Proyecto de Ley Anticorrupción de 2011, que se aprobó en la Comisión de Contraloría de la AN y en el Hemiciclo, pero quedó engavetado en la Procuraduría General.
Los diputados aseguran que seguirán apoyando las iniciativas legislativas contra la corrupción que estén apegadas a la Constitución, pero no la Habilitante.
“No justificamos esta solicitud que significaría que tanto la AN como la Contraloría delegaran sus atribuciones en el Presidente, cuya administración debe ser controlada por estos poderes”.
Aclaran que quien comete corrupción es quien administra los recursos del Estado: “El Ejecutivo administra más de 90% de todos los recursos que ingresan al país, que incluyen los Fondos Paralelos que se han creado para evadir el control constitucional y legal, como Fonden o el Fondo chino. Una manera de contribuir con el ejemplo sería que el Presidente rindiera cuentas al céntimo de los mil millonarios recursos que administra”.
Los parlamentarios se preguntan después de 14 años en el poder, por qué se despierta el interés de luchar contra la corrupción de uno de los gobiernos “más corruptos… de acuerdo con el seguimiento que sobre esa materia hacen organismos internacionales”, dice el comunicado.
A pesar de que el texto lo firman los 99 parlamentarios de la Unidad, se explica que la única forma que tiene el Gobierno de llegar a los 99 votos necesarios es “comprando la conciencia” de algún diputado opositor, lo que sería visto, precisamente, como un hecho de corrupción.
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