Delcy Rodríguez, anunció un conjunto de medidas orientadas a la flexibilización y modernización del sistema tributario nacional, entre las que destacan la suspensión inmediata del uso obligatorio de máquinas fiscales y la reducción del registro de contribuyentes especiales, que pasó de 132.000 a 44.000 inscritos.
Durante una reunión estratégica de balance junto al superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, la mandataria oficializó las nuevas directrices. «A partir de este momento, suspendo la obligatoriedad de la máquina fiscal», sentenció Rodríguez. Al respecto, Maniglia respaldó la decisión argumentando que la exigencia de estos equipos representaba una barrera económica que frenaba la incorporación de pequeños y medianos comerciantes a la economía formal.
En paralelo, el Ejecutivo ejecutó una profunda revisión en la clasificación fiscal. Esta depuración permitió retirar de la categoría de «contribuyentes especiales» a miles de personas y empresas que no cumplían con el perfil económico requerido, sincerando el padrón a 44.000 sujetos pasivos y sumando a quienes verdaderamente deben asumir estas obligaciones.
Tecnología para frenar la evasión y destino de los fondos Para optimizar el control fiscal sin imponer cargas burocráticas, Rodríguez confirmó que el sistema tributario ya se encuentra interconectado en tiempo real con la plataforma de la banca nacional, el Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Saime. Este cruce de datos masivo facilitará la identificación de obligaciones pendientes y ha sido clave para que la recaudación registre un incremento interanual del 27%, superando desde ya la meta trazada para el mes de octubre.
Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, garantizó que el excedente de la recaudación tributaria tiene un destino prioritario: la emergencia nacional. Los recursos serán canalizados a través de la Fundación Venezuela Renace para acelerar la construcción de viviendas, subsidiar alquileres y atender los campamentos de las familias damnificadas por el doble sismo del 24 de junio, además de inyectar fondos a la recuperación de los sistemas de salud y educación pública.
