La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una iniciativa gubernamental orientada a devolver al sector privado un estimado de 900 empresas que fueron expropiadas durante la gestión del expresidente Hugo Chávez, una política que en su momento afectó drásticamente el tejido industrial y redujo la capacidad productiva del país.
«He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado. La propiedad privada es un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución», expresó Rodríguez durante una alocución oficial.
Panorama gremial y sectores involucrados
De acuerdo con cifras suministradas por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), alrededor de 902 empresas estatizadas podrían ingresar en este proceso de restitución. El presidente del gremio, Tito López, detalló que la organización tiene identificadas 694 compañías entre sus afiliadas, con una presencia destacada en las áreas de autopartes, repuestos y textiles.
Asimismo, las estimaciones señalan que aproximadamente el 75 % de estas empresas pertenecen al sector primario y agroalimentario. Bajo los lineamientos anunciados, la prioridad consistirá en ofrecer los activos directamente a sus antiguos dueños; en caso de que estos declinen la inversión en su recuperación, los complejos industriales podrían ser puestos en subasta pública para el empresariado.
Antecedentes y opacidad administrativa
Las confiscaciones ejecutadas masivamente entre 1999 y 2013 impactaron a más de 900 compañías nacionales, generando un desplome progresivo de la actividad manufacturera. Un estudio publicado en 2022 por la organización Transparencia Venezuela cifró en 914 las empresas bajo control estatal —601 en territorio nacional y 91 en el extranjero, además de 219 administradas por gobernaciones—, documentando al mismo tiempo una marcada opacidad y la ausencia de balances financieros públicos desde el año 2010 en sectores clave como la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Desde el sector industrial, el anuncio ha sido recibido con expectativas moderadas. Los gremios aplauden la medida por el alivio fiscal que representaría para el Estado, aunque analistas advierten sobre los retos estructurales pendientes, tales como la inestabilidad eléctrica y la falta de garantías jurídicas profundas que consoliden una reactivación sostenible.
