Gobierno de Delcy Rodríguez mantiene la censura con bloqueo a 65 medios de comunicación digitales

La ONG VE Sin Filtro señala que para desmontar las restricciones solo hace falta “voluntad política” por parte del gobierno interino

VE Sin Filtro -ONG venezolana que defiende los derechos digitales- denunció que más de 200 dominios siguen bloqueados en Venezuela, pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que el país atraviesa un “nuevo momento político” y que se ha comprometido a respetar la libertad de expresión.

“El gobierno censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos, redes sociales y herramientas digitales”, señala VE Sin Filtro. Esta inquietud se planteó ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que instaló la mandataria interina a pocos días de sustituir a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, no han hecho absolutamente nada para corregir esta desviación.

Detallan que “de los 202 dominios bloqueados, 92 corresponden a 65 medios de comunicación. Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”.

Control

VE Sin Filtro explica que atender este reclamo no requiere de ningún trámite extraordinario. “La censura puede terminar ya. Conatel puede ordenar a los proveedores de Internet el cese de los bloqueos, sin esperar una reforma legal. Solo hace falta voluntad política”, acotan.

Sindicatos, gremios y activistas de Derechos Humanos exigen el fin de la censura en Venezuela. EFE/ Miguel Gutiérrez

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) al frente de 38 medios de comunicación, 63 agrupaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, presentó el “Manifiesto por la libertad de expresión en Venezuela”, donde demandan levantar los bloqueos digitales y avanzar en una serie de transformaciones institucionales para eliminar las restricciones.

“Conatel debe dejar de ser un instrumento de control y censura, y funcionar como un organismo técnico y autónomo, con una administración del espectro transparente y auditable”, reclaman en el texto.