En el calendario gregoriano, vigente desde finales del siglo XVI, hay meses en particular en los que se conmemoran varios procesos políticos. En ese contexto el de julio representa para Francia el mes de su revolución primigenia y la unidad nacional, para Estados Unidos su independencia presto a celebrar este año su 250 aniversario, incluso para Venezuela se celebra el Día de la Independencia.
En el caso venezolano debemos agregar otro mes emblemático como es el mes de enero, en cuyo período han ocurrido verdaderos terremotos políticos que han signado nuestra historia contemporánea. Comenzamos por 1936, cuando el flamante presidente interino general Eleazar López Contreras, designado luego de la muerte del dictador Juan V. Gómez en diciembre de 1935, trazó las grandes líneas de su Programa de Febrero, caracterizando una transición marcada por la liberación de presos políticos, el restablecimiento de garantías constitucionales tras las protestas populares y la creación de un nuevo gabinete modernizador, sentando bases para el Estado moderno con la creación de ministerios, instituciones y leyes sociales, impulsando una apertura democrática inicial y modernización institucional.
De allí conocimos el emblemático 23 de enero de 1958, cuyo significado fue el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, que marcó el inicio de la democracia y la libertad tras casi una década de represión, censura y violación de derechos humanos y la liberación de miles de presos políticos de manos de la Seguridad Nacional, mediante un levantamiento cívico-militar que llevó al exilio al dictador y abrió paso a un gobierno de transición y la construcción de un sistema democrático. Es conocido como el «Día Nacional de la Democracia» en Venezuela, simbolizando la lucha popular contra la opresión.
Posteriormente, en el siglo XXI, ya bajo el mandato del extinto presidente Hugo Chávez, se produjo el 23 de enero de 2002 en Caracas, la primera manifestación masiva contra el autoritarismo gubernamental como respuesta al paquete de leyes de Hugo Chávez de 2001 contenido en las 49 leyes aprobadas mediante Ley Habilitante que le autorizaba a legislar por decreto en áreas clave como tierras (reforma agraria), hidrocarburos (aumento de impuestos y regalías), pesca (restricción industrial) y banca, lo cual generó fuerte oposición en todos los sectores sociales y económicos del país. La fuerza de la movilización popular fue el preámbulo de las jornadas del 11 de abril que determinaron el derrocamiento del mandatario y su posterior restitución.
Las emboscadas de la historia nos reportan otro enero, en esta ocasión el 3 de enero de 2026, a decir verdad, inesperado, aunque latente ante la presencia de la armada militar estadounidense en el mar Caribe. La extracción de Nicolás Maduro ha producido satisfacción y a la vez expectación, ante la permanencia en el poder de la mayoría cómplice de personeros del régimen.
La respuesta de la población ha sido sabia, prudente, lo que refleja el aprendizaje en carne propia de celebrar victorias por adelantado y luego ver restituidos en el poder a sus victimarios. De eso ha habido mucha tela que cortar a lo largo del siglo XXI.
Ahora más que nunca, al mantenerse en el poder la usurpadora Delcy por un tiempo indefinido, aun cuando la Constitución Nacional indica que se debe aplicar el artículo 5, como lo es el respeto al voto soberano de la población expresada en la elección de Edmundo González en julio de 2024. Por tanto, la desconfianza de la población aumenta con la emisión del decreto de conmoción exterior del 5 de enero, con el que se profundiza la represión y se extiende el control a todos los ámbitos de la población.
Los argumentos de designar a la inelegible e inconstitucional Delcy Rodríguez como presidente encargada, como garantía para mantener el orden en el país y la recuperación de la industria petrolera son cuestionables, al permitirle en primer lugar a las facciones del chavismo y sus paramilitares recomponerse y reforzarse en el poder, lo que de hecho acentúa la represión en todo el país.
Por otra parte, creer que la prosperidad proviene solo de la inversión petrolera es un craso error, como muestra la propia historia nacional durante el siglo XX. Desde 1907 cuando se comenzaron a entregar concesiones de explotación petrolera el mineral marcó el rumbo de la economía en el país, pero ¿de esa riqueza extraída durante gobiernos dictatoriales y de transición cuánta recibió el pueblo venezolano? Solo migajas y pobreza.
En realidad, es importante la recuperación de la industria petrolera, pero más importante es la recuperación del Estado de derecho, de la autonomía de los poderes públicos, de la libertad y la democracia. Sin estas conquistas de la humanidad el petróleo es solo el estiércol del diablo. Como muestra lo conocido desde enero de 1958, en Venezuela fue meritorio el ascenso social de la población en materia de derechos sociales, humanos y políticos con el retorno de la democracia.
En medio de la incertidumbre y la continuidad de la tiranía, un cambio tipo gatopardiano, debemos exigir el respeto del derecho a la vida y la libertad inmediata de todos los presos políticos, entre quienes se encuentran el secretario general de la CTV, José Elías Torres y otras decenas de sindicalistas.
En definitiva, la vía para iniciar una transición es la liberación de los miles de presos políticos: líderes sociales, periodistas, representantes de ONG y el levantamiento de las medidas judiciales ilegales a las que han sometido a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional. En pocas palabras, enfrentar la política de terror y miedo con la movilización por los derechos humanos.
Froilán Barrios