Nuestro país vive una situación inédita en la historia continental, al observarse en los primeros tres meses de 2026 el descabezamiento de un mandatario de talante dictatorial en ejercicio desde 2013, siendo su relevo en el poder una presidenta interina proveniente del autoritarismo chavista, mediante intervención armada de un gobierno extranjero, cuyas ejecutorias nos han convertido en un protectorado.
En las primeras de cambio, hubo celebraciones desde la diáspora criolla a nivel global hasta el último rincón del territorio nacional, para luego conocerse expresiones de desencanto en el rictus popular, mediante sucesivas protestas por DD. HH. y exigencias laborales, al reconocer a un gobierno integrado por actores responsables del apocalipsis que ha sufrido la nación en el siglo XXI.
Estos, en efecto, para “justificar” su presencia en Miraflores han debido ceder a las órdenes del reciente odiado imperio, procediendo a convertir a la Asamblea Nacional en una fábrica serial de leyes “pret á porter”, en el caso de una sesgada Ley de Amnistía, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permaneciendo en liza la Ley de Minas. Es detectable el grado de sumisión al leerse en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, cuando se autoriza en un plazo de 180 días a modificar toda inconformidad que requiera el solicitante, es decir, el capital transnacional petrolero.
Dicho esto, a la pregunta de si hay una diferencia con respeto al tiránico mandato de Nicolás Maduro, podemos afirmar que sí, ¿pero a qué precio? ¿Postergar plenamente la aplicación de la Constitución de 1999 claramente violada durante 25 años, sujeta a argumentos convencionales que descalifican la decisión soberana constitucional del pueblo asumida el 28J, al elegir a Edmundo González presidente de la República?
¿Qué esperpento de régimen gobierna hoy a los venezolanos? El que un día es democrático al liberar a presos políticos “perdonados por su magnanimidad y al día siguiente reprime a trabajadores que toman las calles del país el 23 de marzo, exigiendo salarios justos y un trabajo digno, cuya condición de trabajo precario fue impuesta por su nefasta política económica.
Se pretende presentar al interinato de Delcy Rodríguez como un mal necesario, mediante el reconocimiento a un régimen híbrido de democracia con mano dura, calificado en otro tiempo con el término de “dictablanda”, en referencia a los finales de la dictadura franquista en 1975 y posteriormente con la gestión de Adolfo Suárez, donde surgieron medidas de elementos democráticos con acciones autoritarias. También en el Chile de Pinochet en 1983 cuando este manifestara: “Esta nunca ha sido dictadura, señores, esta es dictablanda, pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano”. Vaya que la apretó hasta que el plebiscito de 1988 lo echó del poder.
En resumen, este tipo de regímenes gatopardianos característicos por simular cambios para que nada cambie, concentran el poder en el mandatario de turno, quien acelera el control del resto de poderes públicos. En esta ocasión, con la elección del Fiscal General y el Defensor del Pueblo demostrará su verdadero talante, aplicando la elección acorde a la Constitución o simplemente acudirá a la componenda de una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, designando un alfil más que apoye la gestión.
En ese orden, hábilmente se conducen a fortalecer un interinato, designando funcionarios de corte represivo como el nuevo ministro de la Defensa Gustavo López, reconocido torturador y victimario de opositores, continuando con la rotación de cargos con funcionarios que ignoran la administración pública como garantía de fidelidad a la camarilla gobernante.
En definitiva, esta “dictablanda” de los hermanos Rodríguez contiene en su esencia impedir el desarrollo dialéctico de la historia, del movimiento de una sociedad que aspira a reconquistar la democracia, la libertad de expresión, el libre desarrollo de su economía, con empleos productivos y libertad sindical. ¿Logrará su cometido?
Todo dependerá de las fuerzas internas de la sociedad venezolana, forjadas en un siglo de luchas integradas a los valores de la humanidad, siendo capaces de impulsar una verdadera transición que supere la pretensión de la actual gestión, de mantenerse en el poder a pesar de ser el rostro de la agonía de un régimen hoy en descomposición.
En este ámbito, hemos conocido consignas y mantras para conducir nuestro destino. El primero, en 2019, el descalificado “mantra” de Juan Guaidó: “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”; luego, en 2026, el del secretario de Estado Marco Rubio, quien detalla lo que, según Estados Unidos, es el “plan” para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro. Lo dividió en tres fases: estabilización, recuperación y transición.
En realidad, la concreción de uno u otro dependerá de la voluntad del pueblo venezolano, quien dirá la última palabra, no de partido político alguno o de los mandatos de un gobierno extranjero, esa ha sido la enseñanza que en más de dos siglos de historia republicana ha contribuido a la conformación de la nación que somos hoy.
Froilán Barrio
