En medio del naufragio del publicitado proyecto político “socialismo del siglo XXI”, es fundamental insistir en el impacto brutal sobre la civilidad y la institucionalidad, pervertida por un régimen que condenó a toda una nación y a sus ciudadanos, obligándolos a revertir, in extremis, la condición humana de un país que, durante el siglo XX, supo enfrentar el latrocinio dictatorial y experimentar la democracia más prolongada de su historia.
No debe haber duda de que el efecto de la victoria popular del 28 de julio de 2024 marcó el inicio de la agonía del régimen chavomadurista, tal como lo experimentó el puntofijismo con el triunfo de Hugo Chávez el 5 de diciembre de 1998. La diferencia radicó en que la clase política gobernante, ya disminuida y en retirada, hizo gala de su talante democrático y entregó el testigo del cambio político sin oponer resistencia.
Hoy, a 27 años de aquel histórico 2 de febrero, al mirar hacia atrás, nos enfrentamos a la realidad de un país devastado integralmente, en condiciones de degradación extrema y a una distancia considerable del país que, en su momento, recibió una democracia maltrecha, la cual mantenía poderes públicos autónomos y garantizaba al menos la oportunidad de obtener un trabajo digno. Este país, sin embargo, ha derivado, a lo largo del siglo XXI, en una cruenta tiranía.
En los primeros meses de 2026, bajo la prolongación de un mandato usurpador debilitado, tras la salida de Maduro, se reflejó en la población un alivio, pero también una gran incertidumbre ante la permanencia del Estado opresor. Este, bajo la presión de la administración Trump, cedió parcialmente, excarcelando a cientos de presos políticos mediante ilegales medidas cautelares, además de mantener la política solapada de “puerta giratoria”.
Este hecho ha centrado el reclamo popular, que exige la liberación plena de todos los presos políticos, tanto civiles como militares. También se ha puesto atención al destino de los recursos petroleros, hoy controlados por la administración norteamericana y el régimen, sin claridad sobre cómo llegarán a la población.
Por lo tanto, es oportuno abordar el tema que impacta directamente a toda la población y no admite más demoras: el trabajo y su remuneración, la libertad sindical y los derechos laborales. Esta cuestión se ha vuelto aún más urgente ante un régimen que fue capaz de precarizar a un país entero. Según las últimas cifras publicadas por el BCV y el INE, Venezuela registraba, en 2014, una población económica activa de aproximadamente 14 millones de trabajadores. Desde entonces, no se han publicado cifras creíbles que permitan conocer la magnitud del apocalipsis laboral, cuya dimensión podría considerarse como un genocidio, dado que destruyó el salario, los convenios colectivos, la seguridad social y la educación, como ningún régimen lo había hecho en la historia continental.
Junto a los crímenes contra los derechos humanos, esta política, forjada con saña y perversión durante un cuarto de siglo, convirtió a los trabajadores formales en trabajadores precarios. En pocas palabras, se permitió la “transición del proletariado al precariado”.
Este fenómeno laboral ha sido abordado por expertos, quienes señalan que “representa un cambio estructural en la clase trabajadora, evolucionando desde empleos estables y protegidos hacia una ‘nueva clase peligrosa’ marcada por la inseguridad laboral, financiera y existencial. El precariado carece de identidad ocupacional, prestaciones sociales y control sobre su tiempo, enfrentando alta inestabilidad, lo que ha dado lugar a una nueva clase obrera que reniega de sí misma”. Como concluye El País (2024), “esta nueva clase es muy débil porque todavía está adquiriendo conciencia y no está bien organizada. […] Son riders, kellys…”. Con esta desorganización, advierte, retroceden sus derechos.
Ahora bien, estos análisis corresponden a economías de mercado donde solo una parte de la población trabaja en la informalidad, como es el caso de la UE y España, donde la mitad de los asalariados son precarios. Según el CIS, hay un 41% de clase obrera en España, pero solo el 11% de la población se percibe como tal.
En Venezuela, este fenómeno afecta a casi la totalidad de los trabajadores. En el sector público —ministerios, institutos autónomos, alcaldías, gobernaciones, universidades y empresas del Estado— los salarios oscilan entre 10 y 50 dólares mensuales, agravados por la suspensión de los convenios colectivos. En el sector privado, son pocas las empresas que negocian convenios colectivos con sus trabajadores; el resto aprovecha la “ganga” que ofrece el «Estado revolucionario», pagando solo el salario mínimo, hoy equivalente a 0,40 dólares mensuales, complementado con bonos discrecionales de 120 dólares mensuales, sin efectos sobre prestaciones, utilidades, etc.
Igualmente, es común observar, “como natural”, en el sector comercio —que absorbe la mayoría del empleo juvenil— el trabajo a destajo con horarios de 12 horas, aplicando el sistema chino conocido como 969 (de 9:00 am a 9:00 pm y 6 días a la semana), con ingresos sin prestaciones sociales que oscilan entre 100 y 140 dólares mensuales. Condiciones similares se dan en el trabajo remoto.
A esta catástrofe laboral se suma la absoluta falta de capacitación, lo que impide actualizar la escasa formación de la mano de obra, que hoy se enfrenta a mercados invadidos por nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial que afectan la estructura ocupacional del comercio mundial.
¿Qué resultados se podían esperar de esta infame política de precariedad laboral? Impulsada por un régimen que se autodenominaba “redentor de los trabajadores” y cuyo “presidente autocalificado obrero” hoy se encuentra, felizmente, convicto en una cárcel de Nueva York. Pues lo que hemos conocido es la estampida de más de 30% de la población, representada en la diáspora de más de 10 millones de personas ubicadas en 90 países del mundo. En ese contexto, la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles críticos, con estimaciones que sitúan la pobreza general en cerca de 86% de los hogares, según datos de marzo de 2025 del Observatorio Venezolano de Finanzas. La pobreza multidimensional supera a 50% de la población, con alta incidencia de inseguridad alimentaria y acceso limitado a servicios.
Estas cifras dantescas reflejan una condición de vida infrahumana, junto con la hecatombe de los servicios públicos: hospitales, clínicas, transporte, vialidad en ruinas, y una educación en crisis debido al éxodo docente. A esta cruel realidad se añade la desaparición de miles de venezolanos que fallecieron en su travesía fuera de su país, que alguna vez los cobijó adecuadamente. Esta es una estadística difícil de conocer: cuántos perdieron la vida en accidentes de tránsito, víctimas del crimen organizado, enfermedades o al estar desprotegidos sin seguridad social, aventurándose en múltiples geografías del mundo, a la buena de Dios.
En definitiva, en esta materia, la población venezolana ha sufrido todas las calamidades imaginables: xenofobia, discriminación laboral, políticas migratorias xenófobas… un padecimiento que ha alcanzado niveles de holocausto como jamás conoció país alguno en América Latina. Todo esto ha generado una deuda social que el Estado venezolano debe reconocer al reinstitucionalizar el país.
Froilán Barrios
