El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, reveló este domingo 4 de octubre que, a pesar de la disposición de la organización para sostener reuniones con altas autoridades del Ejecutivo venezolano, los voceros gubernamentales se han negado a atender sus solicitudes de encuentro para abordar la situación de los derechos humanos y la libertad de los detenidos por motivos políticos.
Durante una entrevista concedida a la periodista Margarita Oropeza en el programa Abriendo Puertas, transmitido por Venevisión, el defensor de derechos humanos precisó que ha intentado establecer canales directos de comunicación con el fiscal general, así como con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
«Estamos totalmente abiertos a reunirnos con las personas del gobierno, pero sé que no se han querido reunir con nosotros. He intentado reunirme con el fiscal y no me ha querido recibir o ha decidido no hacerlo. He intentado, a través de diferentes fuentes, incluso reunirnos con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez, con todo el que pueda, y no hemos podido», afirmó Romero, al tiempo que remarcó que la organización tiene el deber de plantear soluciones.
Cuestionamiento al discurso de reconciliación
El director de Foro Penal contrapuso la narrativa oficial con la realidad en los centros de reclusión del país. Detalló que, según el registro verificado por la organización, actualmente se contabilizan 324 presos políticos en el territorio nacional.
«Desde enero se ha hecho ese discurso de paz, de reconciliación. Si hay paz y reconciliación y se cree en la diversidad, ¿por qué siguen existiendo presos políticos? El gobierno tiene la llave para liberar a estas personas», sentenció.
La Ley contra el Odio como mecanismo de persecución
Asimismo, Romero se refirió a la vigencia y aplicación de la Ley contra el Odio, asegurando que no se trata de un debate sobre conveniencia o eficiencia técnica, sino sobre un instrumento que viola garantías fundamentales.
“La Ley del Odio es un instrumento de persecución política, arbitrario, que ha sido utilizado precisamente para perseguir a personas que se consideran que de alguna manera se han expresado libremente o ejerciendo su derecho a la libertad de expresión contra el gobierno”, sostuvo el abogado.
Finalmente, responsabilizó a la actual administración por la persistencia de esta norma y su aplicación discrecional contra la ciudadanía: «Obviamente es el gobierno donde la presidenta interina es la actual responsable, que permitió que esta Ley del Odio no solo existiera, sino que fuera ejecutada de manera arbitraria, como la propia presidenta lo reconoce», concluyó.
«Obviamente es el gobierno donde la presidenta Interina es la actual responsable, que obviamente permitió que esta ley del odio no solo existiera, sino que fuera ejecutada de manera arbitraria, como ella misma lo reconoce…
Bueno, todavía existen al día de hoy, contabilizados por nosotros, 324 presos políticos. Desde enero se ha hecho ese discurso de paz, de reconciliación. Si hay paz y reconciliación y se cree en la diversidad, ¿por qué siguen existiendo presos políticos?…» @alfredoromero
— Margarita Oropeza (@moropeza_vv) October 4, 2026
