El anuncio de Delcy Rodríguez sobre el «cierre definitivo» de la Ley de Amnistía ha generado una respuesta inmediata del Foro Penal. La ONG calificó la medida como un asalto a la institucionalidad, recordando que, bajo el marco legal venezolano, una orden administrativa no tiene la potestad de anular un instrumento legislativo vigente.
1. El «bloqueo» constitucional: El artículo 218 en el centro
El vicepresidente del Foro Penal (Gonzalo Himiob) fue categórico al señalar que la sucesora de Nicolás Maduro está extralimitando sus funciones. Según el artículo 218 de la Constitución, el destino de una ley solo tiene dos caminos legales:
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Derogación parlamentaria: Mediante una nueva ley emanada exclusivamente de la Asamblea Nacional.
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Soberanía popular: A través de un referendo abrogatorio.
«El Poder Ejecutivo carece de facultades para privar de vigencia a este instrumento», enfatizó la organización, subrayando que la ley no posee una «fecha de caducidad» intrínseca.
2. El sistema de justicia como «engranaje represivo»
Para el Foro Penal, el hecho de que la amnistía no se haya aplicado plenamente no es un error de la ley, sino una decisión deliberada del Poder Judicial. La ONG denunció que:
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El sistema de justicia actúa como un brazo ejecutor de la represión.
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La «voluntad política» de Rodríguez se ha inclinado hacia el cierre de beneficios legales en lugar de finalizar la persecución contra la disidencia.
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El desvío de los casos hacia la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal —estructura controlada por el oficialismo— busca sepultar la amnistía como medio soberano para resolver el conflicto interno.
3. Análisis: ¿Cierre técnico o político?
La postura de la ONG deja claro que el anuncio de Miraflores es un movimiento político para consolidar el control sobre los presos políticos que aún no han recibido boletas de excarcelación. Al declarar el «cierre» de la amnistía, el Ejecutivo intenta blindar los procesos judiciales pendientes, ignorando que la ley es un recurso permanente para la reconciliación nacional.
Sentencia del Foro Penal: «Un Estado no puede decidir arbitrariamente cuándo termina la justicia. La amnistía es un derecho, no una concesión administrativa».
