Corte IDH evaluará la responsabilidad del Estado venezolano por las víctimas del 11 de abril tras casi 25 años
Casi un cuarto de siglo después de los trágicos sucesos del 11 de abril de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) examinará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas durante aquella jornada, la cual dejó un saldo de 19 personas asesinadas y más de 300 heridos de bala.
La ONG Foro Penal informó que la audiencia pública del caso, denominado «Trujillo y otros vs. Venezuela», se celebrará este miércoles 14 de octubre de 2026 en la sede del tribunal en San José, Costa Rica. La sesión iniciará a las 9:00 a. m., hora local (11:00 a. m. en Venezuela), y en ella los magistrados escucharán los argumentos sobre el fondo del caso y las eventuales reparaciones a los afectados.
En representación de las víctimas estarán presentes Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, director presidente y director vicepresidente del Foro Penal, respectivamente. Ambos abogados participaron en la presentación de la denuncia original introducida en 2002, marcando ahora un nuevo hito en un proceso de búsqueda de justicia que se ha prolongado por más de dos décadas.
El pronunciamiento de la CIDH
El camino hacia esta instancia definitiva se consolidó el 9 de julio de 2024, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el expediente a la Corte.
Previamente, en su Informe de Fondo n.º 313/23, la Comisión concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de reunión, así como las garantías y la protección judicial de las víctimas. El documento señaló explícitamente que no se logró demostrar que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes estatales hubiera sido «legítimo, necesario y proporcionado».
Asimismo, la CIDH destacó que las investigaciones internas fracasaron en su deber de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de las muertes y lesiones ocurridas durante la masacre.
Para los familiares y defensores de derechos humanos, esta audiencia constituye una oportunidad histórica para determinar las responsabilidades del Estado, exigir reparaciones y reafirmar ante la comunidad internacional que las graves violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas, pues el paso del tiempo no puede sustituir a la justicia.
El desarrollo de la audiencia será transmitido en vivo a través de los canales y plataformas oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
