El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó la noche de este miércoles 3 de junio sobre la excarcelación de al menos 29 trabajadores vinculados al emblemático caso de la empresa minera mixta Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven).
A través de su cuenta oficial en la red social X, el abogado y defensor de derechos humanos confirmó que la organización recibió los reportes de liberación directo desde el lugar de reclusión.
“Nos informan en este momento sobre la liberación de los detenidos del caso Mibiturven. Serían 29 trabajadores. En breve más información”, detalló Himiob.
Un expediente viciado y traslados de castigo
La detención de estos 29 trabajadores estuvo marcada, desde su origen, por un patrón de irregularidades que fue denunciado sistemáticamente por sus familiares y por el Foro Penal:
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Cargos imputados: Los obreros y empleados fueron acusados por presunta legitimación de capitales, asociación para delinquir y tráfico de material estratégico.
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Detenciones arbitrarias: Los arrestos se ejecutaron sin órdenes judiciales y basándose en un expediente viejo del año 2019, época en la que muchos de los hoy liberados ni siquiera formaban parte de la nómina de la empresa.
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Aislamiento geográfico: Como medida de presión, fueron recluidos en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda. Esto los obligó a estar confinados a más de 20 horas de distancia por carretera de sus hogares, ubicados en el sur del país.
Sin derecho a la defensa ni debido proceso
Durante el largo período en prisión, los defensores alertaron que el grupo de trabajadores de Mibiturven enfrentó condiciones críticas de reclusión. Se denunció de manera reiterada la prohibición absoluta de contar con abogados de confianza (restricción a la defensa privada), un severo retraso procesal para evitar que celebraran su audiencia preliminar y graves maltratos físicos dentro del penal mirandino.
Esta liberación masiva se suma a las recientes excarcelaciones de presos políticos registradas en el país, en un contexto donde las organizaciones civiles continúan exigiendo la revisión total de las causas judiciales viciadas.
