El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió este jueves a las autoridades venezolanas sobre las graves consecuencias legales de realizar traslados de presos políticos sin notificar su paradero, señalando que estas acciones podrían constituir un delito grave.
A través de su cuenta en la red social X, el abogado recordó que los funcionarios del Estado tienen la obligación legal de informar de manera clara el destino y las condiciones de las personas privadas de libertad.
“A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero”, enfatizó Himiob. Asimismo, alertó que la omisión de esta información puede tipificarse como una violación severa de los derechos humanos: “Lo contrario puede llegar a constituir una desaparición forzada (Art. 180-A CP)”, agregó.
El mensaje del activista estuvo acompañado por el texto del artículo 180-A del Código Penal venezolano. Dicha norma sanciona a las autoridades que priven ilegítimamente de libertad a un ciudadano y se nieguen a reconocer la detención o a ofrecer datos sobre su ubicación, contemplando penas de entre 15 y 25 años de prisión.
Finalmente, Himiob recordó que, de acuerdo con el marco legal, el delito de desaparición forzada se considera continuado y permanente mientras no se determine fehacientemente el destino o la ubicación exacta de la víctima.