Gineira Jakima Rodríguez Urbina es la fiscal favorita para los temas políticos de la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. Sobre ella han recaído los casos más polémicos que ha llevado la institución en los últimos años, incluso la investigación más reciente sobre el audio que involucra al dirigente chavista Mario Silva. En 2013 ha tenido mucho trabajo, pues por sus manos han pasado los procesos del general (r) Antonio Rivero, la acusación contra el diputado opositor Juan Carlos Caldera y el del cineasta estadounidense Tracy Thymoty vinculado con espionaje.
Justo antes de las elecciones presidenciales del 14 de abril, a Rodríguez –fiscal 21 nacional– se le asignó la investigación por el ataque que sufrieron el 8 de abril un grupo de estudiantes opositores que hacían huelga en la plaza La Castellana al este de Caracas. El proceso no llegó a ninguna conclusión, como tampoco el que debió seguir en 2007 contra la entonces presidenta del Parlamento, Cilia Flores, acusada por violar derechos laborales durante un concurso para la asignación de cargos en el Legislativo.
De ese proceso contra Flores es que la conoce Elenis Rodríguez, abogada defensora de Derechos Humanos, pues le tocó enfrentarse infructuosamente a la fiscal para lograr la conclusión del caso. “Solo cumplió con la etapa de investigación, pero todo se paralizó cuando comienza a citar a los autores de los despidos. Incluso impidió que los trabajadores tuvieran información del caso, pues le dijo que no eran parte, pese a que la Inspectoría del Trabajo había fallado a su favor”.
En ese entonces, el caso que involucró a Flores fue un escándalo en la opinión pública, pues se detectó que a la nómina de la Asamblea Nacional ingresaron varios de sus familiares mientras terminaron despedidas mujeres embarazadas. “Esta fiscal es una persona de confianza de esos grupos oficialistas”, considera Rodríguez, a quien le causa “suspicacia” que la designación para el caso de Mario Silva ocurriera de forma expedita cuando recuerda que tradicionalmente el Ministerio Público se toma al menos tres días para asignar responsable a cada expediente.
Ya la fiscal Rodríguez conoce a Silva, pues en 2007 le tocó ser su defensora en un caso que promovió el diputado Miguel Ángel Rodríguez, entonces periodista de RCTV. En ese entonces el conductor de VTV fue demandado por el comunicador tras publicar en la versión impresa de La Hojilla una fotografía suya con un disparo en la frente. “Nunca me permitieron conocer de las actuaciones del sistema judicial y esta fiscal designada es la que finalmente hace que ni siquiera me den el derecho de apelación”, rememora el legislador.
Vida pública
Gineira Rodríguez –de 43 años de edad– es abogada penal de profesión, aunque ha tenido un bajo perfil a juzgar por lo poco que sus colegas del área conocen de ella. Proveniente de la populosa parroquia Caricuao, al oeste de Caracas, su exposición más pública no vinculada a la Fiscalía ocurrió en 2008 y está registrada en las páginas de espectáculos de la prensa, cuando fue jurado del concurso Mister Handsone, donde un año antes había resultado ganador su entonces esposo Will Marcial Viloria, actual integrante del grupo musical Calle Ciega.
Con Viloria estuvo casada 20 años legalmente, aunque los últimos cinco años los pasaron separados de acuerdo a lo referido en el acta de divorcio. Juntos tuvieron una hija. En 2012 fue recusada por los familiares de Luis Morales, acusado de asesinato, quienes consideraron –de acuerdo con lo que publicó Últimas Noticias– que su comportamiento como fiscal fue “hostil y desconsiderado”.
Aunque los casos más importantes que ha tenido Rodríguez son los políticos. Llevó adelante el proceso contra los periodistas Leocenis García y José Rafael Ramírez, acusados de extorsión por el empresario chavista Wilmer Ruperti. También la detención del exgobernador de Zulia Oswaldo Álvarez Paz, quien tras declaraciones públicas fue imputado por los delitos de instigación a delinquir y difusión de información falsa.
Hasta en el caso Ánderson
El caso que sí dejó a medio camino fue el que se siguió en 2008 contra el otrora fiscal Isaías Rodríguez, a quien se acusó de forjar actas del expediente sobre el caso del asesinato de su colega Danilo Anderson. Por esos documentos oficiales, sobre los cuales nunca se corroboró su autenticidad, se terminaron vinculando como responsables de la muerte al empresario Nelson Mezerhane y la periodista Patricia Poleo.
Fuente: La Verdad
