Familiares de presos políticos pernoctaron durante la madrugada de este lunes 8 de junio frente a la sede diplomática de los Estados Unidos en Caracas. El grupo exige ser recibido por el encargado de negocios, John Barrett, para visibilizar la situación de sus seres queridos tras los recientes y opacos traslados desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La protesta ocurre en un contexto de profunda incertidumbre, luego de que las autoridades ejecutaran movilizaciones de reclusos hacia otros centros penitenciarios.
“El Helicoide no fue cerrado, fue multiplicado”, denunció Cariel, portavoz del grupo y hermana de uno de los detenidos, en declaraciones a la periodista Maryorin Méndez. Detalló que su familiar, quien presenta problemas de salud, fue transferido hacia el Centro de Reclusión Simón Bolívar (antigua cárcel de La Planta).
Cinco meses de vigilia y promesas incumplidas
La organización no gubernamental Provea recordó a través de sus canales oficiales que estos familiares acumulan cerca de cinco meses en vigilia continua.
Según el monitoreo de la ONG, los manifestantes denuncian promesas incumplidas de liberación por parte de la administración del Estado. Asimismo, sostienen que el supuesto desmantelamiento de El Helicoide —presentado por voceros oficiales como Jorge Arreaza como una aparente concesión a las exigencias de derechos humanos— fue una medida cosmética que no cambió el estatus legal ni las condiciones de reclusión de los detenidos.
Frente a la sede diplomática estadounidense, los manifestantes aseguraron que mantendrán la medida de presión por tiempo indefinido: “La posición es sostenida. Las horas y los días lo dirán”.
Exigencia de debido proceso y liberación
Provea exhortó directamente a la vicepresidenta ejecutiva encargada, Delcy Rodríguez, a cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
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Garantizar respuestas oportunas e información verídica a los familiares.
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Asegurar el debido proceso en cada uno de los casos cursantes.
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Proceder a la liberación de las más de 400 personas detenidas por motivos políticos que contabilizan las organizaciones civiles en el país.
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