Familiares de más de 70 personas detenidas durante la denominada Operación Trueno, ejecutada en abril de 2022 en Altagracia de Orituco, estado Guárico, denunciaron que sus allegados permanecen privados de libertad de forma arbitraria, enfrentando cargos de terrorismo y casi tres años de retardo procesal sin un juez asignado al caso.
Durante un testimonio recogido por el periodista Seir Contreras, María Altagracia Espiecia Vázquez, vocera de los familiares, aseguró que el operativo fue desplegado con el objetivo de desmantelar una organización criminal, pero que, al no lograr ese propósito, los cuerpos de seguridad detuvieron a decenas de personas sin presuntos vínculos con la banda. “A todo el que encontraron a su paso, se lo llevaron”, afirmó.
Según su relato, entre los arrestados hay comerciantes, productores agropecuarios, médicos, cultores, cantantes de música llanera, deportistas, militares, policías, madres de familia e incluso personas con enfermedades neurológicas. “Todos son personas trabajadoras y honestas del pueblo”, sostuvo.
Espiecia indicó que los detenidos fueron imputados por terrorismo, asociación para delinquir y presunto tráfico de armas, mientras que el proceso judicial permanece prácticamente paralizado. Denunció además que solo se les permite contar con defensa pública y que no han podido designar abogados privados.
La vocera también afirmó que nueve de los detenidos cuentan con resoluciones favorables del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, emitidas en noviembre de 2022 tras una investigación impulsada por la ONG Defiende Venezuela, en las que se recomienda su liberación. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha las autoridades venezolanas no han dado respuesta a esas decisiones.
Asimismo, señaló que dos personas recibieron órdenes de excarcelación este año, pero estas no se han materializado. “La boleta de excarcelación desapareció”, denunció, al tiempo que recordó que otro detenido permanece bajo arresto domiciliario y uno más obtuvo una medida humanitaria debido a que padece cáncer.
Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que revisen el expediente 072-22, asignado al Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo, y reiteraron que los más de 70 procesados son inocentes. “Ya basta de terrorismo judicial. Exigimos que nuestros familiares sean puestos en libertad”, concluyó Espiecia.
