Los 36 presos políticos militares que el lunes 9 de noviembre iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde cumplieron este domingo 15 de noviembre seis días de protesta sin hidratación ni acceso a sanitarios, según denunció Suilymar Díaz, esposa del sargento segundo Ronaldo Romero, en un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
Romero pertenece al grupo conocido como los Sargentos de Cotiza, efectivos de la Guardia Nacional detenidos el 21 de enero de 2019 tras tomar el comando de San José de Cotiza, al norte de Caracas. Con ellos comenzó la protesta en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Los Teques, estado Miranda. Su esposa explicó que el sargento dejó de comer para exigir su libertad plena y pidió a “los entes gubernamentales que se aboquen a este caso”.
Por su parte, el Clippve reclamó en su cuenta de X atención médica inmediata para los 36 detenidos, hidratación adecuada y acceso a baños en condiciones dignas. También pidió que personal médico verifique su estado de salud y que se garantice su integridad física y su vida. “Recordamos que los privados de libertad son responsabilidad del Estado. No podemos normalizar el deterioro de su salud ni el trato indigno”, escribió la organización.
La denuncia llegó un día después de que el sargento Luis Alfredo Lobo Medina fuera trasladado de emergencia al Hospital Militar por complicaciones de salud durante la huelga. Ya el 13 de noviembre, al cuarto día de protesta, ocho de los huelguistas se habían descompensado, y desde el inicio los familiares denunciaron que les cerraron el acceso al agua potable y a los sanitarios.
A esto se suman los reclamos de la defensa de los Sargentos de Cotiza, que en el escrito con el que notificó la huelga ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo pidió su libertad mediante la Ley de Amnistía. En ese documento, los abogados señalaron que pasaron dos años entre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó reponer la causa y la nueva audiencia preliminar, y que desde entonces transcurrieron más de seis meses sin que se abriera el juicio.










