Hoy, hace un año se anunció el fallecimiento de la magistrada Ninoska Queipo Briceño, entonces presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como consecuencia de una infección masiva que sufrió debido a una lipoescultura a la que se sometió semanas antes. El caso colocó sobre el tapete nuevamente la seguridad de las intervenciones estéticas, debate abierto a raíz de los casos de los llamados biopolímeros.
Sin embargo, doce meses después el caso aún está en la fase de investigación y ninguno de los cinco sospechosos ha respondido ante un juez por sus acciones. La doctora Lidisay Galeno, quien realizó la operación; así como su esposo, el también médico Carlos Lugo; y José David Crespo, quienes la asistieron en el procedimiento, siguen en libertad condicional.
La última actuación en este caso la realizó el Ministerio Público el pasado 13 de septiembre, cuando solicitó al Tribunal 32 de Control de Caracas autorización para cambiar la imputación contra los investigados, por segunda vez desde que se inició este proceso. El 16 de octubre de 2012 el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz señaló a Galeno de estar incursa en el delito de homicidio intencional, pero en diciembre de ese mismo año cambió la calificación por lesiones gravísimas y ahora quiere volver a modificarla, aunque no ha precisado cuál sería el nuevo delito por el que desea sentarla en el banquillo de los acusados.
El abogado Carlos Crespo, representante de la familia Queipo, rechazó este nuevo cambio de la instancia garante de la legalidad, por considerarlo «poco serio» y «un retraso en la conclusión de la investigación».
En predios judiciales, entretanto, se asegura que el fiscal Richard Monasterios, quien tiene el caso, estaría paseándose por la posibilidad de imputarle a Galeno y a los otros dos médicos que participaron en la operación de la funcionaria el delito de homicidio culposo, el cual por estar sancionado con menos de ocho años de cárcel es considerado como un delito menos grave, de acuerdo con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2012 y, por lo tanto, si los procesados admitiesen los hechos (reconocer la culpa) se suspendería inmediatamente la causa, es decir no habría acusación ni mucho menos juicio.
¿Y los dueños de la clínica?
Pero los médicos no son los únicos que están siendo procesados, Juan Hernández Rasquin y Ruda Mohaweche, los propietarios de la clínica Platinum, donde se realizó la intervención a Queipo, también están siendo investigados, pero a diferencia de los galenos están en libertad plena, situación que no agrada a la familia de la fallecida magistrada.
En las primeras investigaciones el Ministerio Público se encontró que este centro, ubicado en la urbanización Chuao, no tenía los permisos del Ministerio de Salud para funcionara y además no contaba con servicios de cuidados intensivos ni con una ambulancia para emergencias.
Fuente: EU