En la red social X (antes Twitter), la ONG Foro Penal señaló que Roberto Abdul, también miembro de la Comisión Nacional de Primaria, que organizó las internas antichavistas del pasado 22 de octubre, fue «arbitrariamente arrestado el miércoles 6 de diciembre por agentes del Estado»
La esposa del presidente de la ONG Súmate, Roberto Abdul, denunció este lunes ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo «todas las violaciones» a derechos humanos contra el activista, detenido el miércoles, luego de que el ente fiscal anunciara una orden de captura por su supuesta vinculación en una «conspiración» contra el referendo del 3 de diciembre.
En X (antes Twitter), la organización no gubernamental dijo que, junto con abogados de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, la esposa de Abdul, María Abad, «consignó denuncia» ante las instituciones «por todas las violaciones a sus DD.HH. y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa».
En la red social, Foro Penal señaló que Abdul, también miembro de la Comisión Nacional de Primaria, que organizó las internas antichavistas del pasado 22 de octubre, fue «arbitrariamente arrestado el miércoles 6 de diciembre por agentes del Estado».
Según un vídeo publicado por ambas organizaciones, denuncian «la desaparición forzada» del presidente de Súmate, a quien «no le permitieron llamar a sus familiares y mucho menos a sus abogados de confianza».
El fiscal general, Tarek William Saab, indicó el miércoles que Abdul, así como Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez, colaboradores del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial María Corina Machado, serían arrestados por los delitos de «traición a la patria», «conspiración con una potencia extranjera», «legitimación de capitales y asociación para delinquir».
Según Saab, los tres colaboradores de Machado, contra los que también anunció órdenes de detención, «mantenían relaciones económicas» con un ciudadano estadounidense que ya fue detenido por su supuesta vinculación en la «conspiración» contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa con Guyana por el Esequibo, un territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados.
